SANTO DOMINGO. El acuerdo de retribución de US$184 millones a República Dominicana hecho por la Constructora Norberto Odebrecht por concepto de pago de US$92 millones en sobornado a funcionarios para favorecerlos con obras del Estado, no es la única respuesta que espera la población ante un hecho que no sólo ha dañado la imagen del país sino que también afectó el erario.
Debido a esto, toda la atención de la población está centrada en el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien en innumerables ocasiones ha dicho que llegarán hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”.
La población exige que en este caso, luego que la propia empresa ha admitido que pagó los US$92 millones en soborno, que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) logre identificar los servidores o exservidores públicos que recibieron ese dinero del 2001 a la fecha, proceda judicialmente contra ellos y se determine cuantos millones envuelve la sobrevaluación de obras.
Según lo dicho la pasada semana por Rodríguez, la constructora brasileña está en disposición de colaborar con las autoridades luego de que los ejecutivos admitieran ante el Departamento Judicial de los Estados Unidos que pagaron para lograr contratos.
De acuerdo con informaciones suministradas a Diario Libre, fueron citados para ser interrogados este lunes, el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE) César Sánchez, en cuya administración se firmaron contratos con Odebrecht.
De igual modo, el actual presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente del Senado de la República, Andrés Bautista, en cuya gestión se aprobaron contratos con el “gigante de la construcción”.
No sólo las condiciones en las que se llegó al acuerdo con Marcelo Hofke, gerente de la multinacional en el país, son de interés de la sociedad dominicana, también los nombres y sometimiento a la justicia de aquellos que amparados en su función pública se beneficiaron de ese ilícito penal.
La pasada semana, el órgano investigador realizó diversas diligencias con el propósito de encontrar nuevos elementos que puedan probar la comisión de ilícitos penales, entre ellos, el allanamiento a la oficina de la Odebrecht, en la torre Diandy, de la avenida Pedro Henríquez Ureña.
Laura Guerrero Pelletier, directora de la PEPCA, antes de interrogar a Víctor Díaz Rúa, quien rubricó unos siete contratos con la constructora, dijo que la investigación es bajo reservas, y por eso no pueden dar detalles de sus hallazgos.
En varias ocasiones, el abogado de Odebecht, Robert Valdez, acudió a la Procuraduría, lo que según sus propias palabras, han sido para precisar datos respecto a las documentaciones que han depositado al órgano investigador.
Ángel Rondón, enlace comercial de Odebrecht, y persona señalada como quien recibió los millones de dólares para el pago de sobornos, regresó la semana pasada a encontrarse con el Procurador y a su salida dijo que “jamás los recursos que he recibido han sido para comprar conciencia”.
República Dominicana es el sexto país que ha anunciado que llegó a un acuerdo con la constructora, luego de que admitiera el pago de US$788 millones para que le adjudiquen obras en doce países.
¿Cuáles son los términos del acuerdo? ¿A cambio de qué? ¿En qué tiempo se pagarán esos US$184 millones? ¿Revelaron los nombres de los funcionarios sobornados? ¿Someterán a la justicia a los servidores públicos que fueron sobornados? Son algunas de las interrogantes que tendrán que responder Jean Rodríguez y Laura Guerrero.
“El acuerdo económico con Odebrecht, y la inhabilitación de la empresa para poder contratar, no impedirán que sigamos investigando sin descanso y hasta las últimas consecuencias”, afirmó Alain Rodríguez en su ultima intervención.
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