SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, reveló este domingo que el presidente Danilo Medina sometió a un proceso de socialización de los sectores que intervienen en el ámbito de la seguridad social, un proyecto de ley que modifica unos 56 artículos de ley 87-01 que rige la materia.
Abreu adelantó que la propuesta del Ejecutivo plantea que los reclamos de los afiliados a la seguridad social no prescriban, asi como una reducción en las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En nota divulgada por el periodista Federico Méndez, Abreu manifestó que el Poder Ejecutivo ha decidido presentar un proyecto de ley que modifica la ley 87-01, el cual contiene propuestas justas y necesarias.
"En el proyecto gubernamental se plantea que las ganancias de las AFP sean en escalas descendentes, es decir, que si hay RD$50.000 millones hay un tipo de ganancia, va a ganar un 30 %", adujo.
Asimismo, Abreu manifestó que si hay un monto de 100.000 millones, las ganancias de las AFP bajarían en un 25 % y así sucesivamente hasta llevarlo al nivel donde debe estar, que es de aproximadamente un 0,5 %.
"De manera que todo lo que se acumule de esa ganancia vaya a la pensión y a la capitalización individual del pensionado, para que las pensiones sean mejores", recalcó.
Abreu indicó que el Poder Ejecutivo plantea que los pensionados y jubilados no deben ser excluidos del seguro.
"Está ocurriendo ahora que cuando a una persona la pensionan, automáticamente la sacan del seguro. Entonces, el proyecto del Poder Ejecutivo plantea que el pensionado se quede en la misma ARS que ha estado por tradición", subrayó.
Esa afiliación tendría una cobertura de un 6 % de un descuento que se haga a la pensión y el otro porcentaje lo cubriría el sistema de seguridad social, de manera que los pensionados no pierdan la protección y tenga el mismo derecho que cualquier afiliado.
Abreu explicó que actualmente ocurre un fenómeno muy perjudicial en contra del afiliado, donde unas 40.000 de 60.000 personas que sufrieron accidentes o fallecieron, sus familiares perdieron sus derechos debido a que los reclamos establecidos por la ley 87-01 prescriben a los dos años.
"Ese proyecto está actualmente en manos de los sectores, lo tiene el sector empresarial, lo tiene el sector sindical, lo tienen otros sectores que también lo han estado estudiando", agregó.
Dijo que se persigue que después que se hagan las propuestas y contrapropuestas de los sectores que estudian el proyecto, someterlo al Congreso Nacional e iniciar un debate.
"Ya han pasado 15 años de que la ley se puso en vigencia y la verdad es que si ha habido que reconocer virtudes de la ley, también hay que reconocer que ha mantenido y ha desarrollado inequidades que necesariamente hay que buscar la forma de corregir", sentenció.
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