La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) culminó ayer el proceso de declaración jurada de patrimonio, donde cientos de funcionarios de diferentes instituciones abarrotaron en largas filas la institución fiscalizadora.
Según los servidores públicos apostados en las afueras de la Cámara de Cuentas, el proceso para hacer la declaración de bienes que les exige la ley se retrasó por la poca orientación recibida, y consideraron que el personal no es eficiente para recibir sus documentos.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, había indicado que los funcionarios públicos que no hayan presentado declaración jurada al 30 de noviembre quedarán excluidos de nómina pública a partir de hoy.
En los últimos días han acudido a la Cámara de Cuentas legisladores, jueces, embajadores, cónsules generales de la República Dominicana acreditados en el exterior, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales, tesoreros municipales, gobernadores provinciales, administradores y subadministradores generales, miembros de consejos de administración de órganos autónomos del Estado, entre otros.
A pesar de que en esta ocasión se trata de una extensión del plazo, algunos empleados públicos desconocían que les correspondían declarar sus bienes ante el Estado.
Tres empleadas de Salud Pública, que no quisieron identificarse, dijeron que es la primera vez que se involucran en ese proceso y que se enteraron el viernes a través de un correo que recibieron de la Contraloría.
Otros dijeron que ya habían iniciado el proceso, pero que por falta de algún documento sus carpetas no fueron recibidas y tuvieron que iniciar otra vez.
En tanto que empleados de la Cámara de Cuentas informaron que solo recibirían personas hasta las 4:00 de la tarde, que es lo que indica la ley y cuando termina el plazo. No obstante, continuarían trabajando con quienes tengan sus turnos hasta terminar con ellos.
Según la Constitución Dominicana, los servidores públicos tienen la obligación de realizar la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) treinta días después de tomar posesión del cargo sin importar si este lo hubiese hecho anteriormente. De igual manera, la normativa dicta que los funcionarios están obligados a declarar sus bienes aun cesando en sus funciones o en cualquier momento que la CCRD le envíe una solicitud para que haga una declaración de patrimonio.
La Presidencia había señalado que se interpreta como una renuncia a sus funciones el hecho de que un servidor público no haya presentado su declaración jurada al 30 de noviembre.
Se recuerda que el primer Consejo de Gobierno de la presente administración, realizado el pasado 16 de septiembre, el presidente Danilo Medina recordó a todos los presentes que “no sólo debemos cuidar lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos”.
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