Impunidad y poco temor a la ley incitan crímenes

Asociarse para ejecutar crímenes es una práctica que ha tomado auge en el país, con asesinatos tan horrendos como los perpetrados a principio de mayo por una banda que mató a varios choferes en San Pedro de Macorís, tirándolos en una fosa.      

Pero, qué mueve a individuos a asociarse para asesinar por un beneficio económico.

El médico siquiatra César Mella, y el sociólogo Juan Miguel Pérez, identifican los principales factores: falta de temor a la justicia, la impunidad y la cultura de la sobrevivencia vinculada a la falta de oportunidades.

Mella evalúa, basado en su experiencia en los últimos 30 años, que la rehabilitación o reeducación es casi nula en esas personas, y que la reincidencia es la regla, lo cual le apena. “El arrepentimiento no existe, porque tienen un sistema de razonamiento donde la sociedad es la que tiene la culpa, la mamá, el papá”, dice. Señala que son de difícil tratamiento. Atribuye cierta culpa al deterioro moral de la sociedad y al hecho de que las cárceles no regeneran, aunque ve posibilidad en los centros del nuevo modelo penitenciario.

En el aspecto sociológico, esa conducta que lleva a un individuo a transgredir la ley, el sociólodo Juan Miguel Pérez la relaciona con los procesos de educación a los cuales tengan acceso esas personas y con los niveles de esperanza que tengan en la vida. Puntualiza que todo depende, en probabilidad, del contexto socioeconómico que sirva de historia a la vida de una persona.

“Si tú te encuentras una trayectoria de vida en la que tienes posibilidades de hacer tu vida en base a los estudios y luego al trabajo, no recurrirás a actos delictivos, pero cuando esas dos puertas se te cierran, cuando vives en un lugar inhóspito, con mucha violencia, con mucha agresión, basura, maltrato, los caminos de las esperanzas se convierten en desesperación”, dice. Expone que se va construyendo una cultura de la sobrevivencia, que a veces trasciende lo estipulado por el orden legal, basado en que hay que sobrevivir.

Sostiene que en los barrios más humildes esa necesidad de sobrevivencia no es solo por lo material, sino también la lucha por la importancia social y el reconocimiento que te dé la sociedad.

En los sectores humildes, ese reconocimiento se manifiesta, cita a modo de ejemplo, en el deseo por vestir una marca o por tener dinero para pagar una ronda de trago en una esquina. Además de la impunidad, considera que las situaciones difíciles que ha tenido la sociedad favorecen la comisión de crímenes.

Piensa que la sociedad va ensanchando los límites de lo permisible cuando la impunidad hace que la ley no funcione.  

“La impunidad, la televisión, el sensacionalismo periodístico va generando que lo que antes puede ser un hecho abominable vaya pasando a un estadio ordinario”, enfatiza.  

En materia de sanciÚn legal, la prisión de 30 años sigue siendo la condena más alta que se puede imponer a una persona que se asocie para cometer varios crímenes, porque en el país la legislación no contempla la acumulación de penas.

El nuevo código penal contemplaba esa posibilidad, pero al no entrar en vigor porque fue anulado por el Tribunal Constitucional en diciembre del 2015, los crímenes múltiples, los actos de sicariato y otros hechos horrendos se condenan como homicidio agravado, para lo cual la pena máxima es 30 años.

En función de la gravedad del hecho, el Código Penal establece una escala de pena, pero nunca superando los 30 años.  De ahí las limitaciones para que a los integrantes de la banda que a principio de mayo asesinara de forma cruel a varios choferes en San Pedro de Macorís, no puedan ser condenados por cada crimen por separado.

Similar situación ocurrió con los integrantes de otra banda que en el 2010 mató al menos siete taxistas en la provincia Santo Domingo, entre los que figuraban varios menores que solo recibieron condenas de entre tres y cinco años, porque en ese entonces,  para ese segmento el Código de Niños, niñas y adolescentes solo preveía esa posibilidad.  Algunos sectores han propugnado por el sistema de acumulación de la pena, aunque para otros el delito no se frena con penas elevadas.  

Enfoque psiquiátrico:
El médico psiquiatra César Mella se apoya en la expresión “pájaros de una  misma ala vuelan juntos” para explicar que los trastornados en su personalidad con tendencias antisociales generalmente tienen un mismo estilo de convivencia.  

Su personalidad la describe de la siguiente manera: representan “la oveja negra” de la familia, usan y abusan de sustancias ilegales, no tienen ningún tipo de rencor por lo que hacen, irrespetan las normas, y habitualmente tienen antecedentes penales.

A ese perfil le agrega que utilizan estrategias para que los hechos sangrientos queden impunes, porque logran cometer un crimen tras otro sin que la justicia los detecte. Aprecia falta de temor a la justicia, y sobre todo porque muchos han estado en la cárcel, lugares que percibe en la mayoría de los casos son perfeccionadores del delito.

“El que llega ahí graduado de delincuente sale con un postgrado de delincuente”, sostiene, aunque recalca que hay esperanza en los del nuevo modelo penitenciario. Cree que la asociación de malhechores se da porque hay complicidad, ocultamiento y protección.

Las conductas generalmente son adquiridas, precisa, porque comienzan y se desarrollan a temprana a edad, de 12 a 14 años, y muchas veces se determina porque son muchachos que en la escuela agreden a sus compañeros, o matan animales, un gato, un perro, mostrando conductas delincuenciales. Mella plantea que se debe revisar la sociedad completa, revisar el hogar, las leyes de familia, los clubes, el poder de las iglesias y revisar ese comportamiento en edad temprana, porque si llegan a sicólogos y siquiatras antes de los 15 años se puede hacer algo.

El psiquiatra apuesta al sistema del nuevo modelo penitenciario y exclama que ojalá logre mejorar la calidad de vida y la orientación profesional de esa gente.

“Se están midiendo los resultados del nuevo modelo en términos delictivos y los resultados hasta ahora son alentadores, esperanzadores”, precisó el profesional de la conducta. 

Penas largas no disuaden
El abogado Cándido Simón entiende que para los individuos con conductas delictivas las normas penales graves nunca han sido un disuasivo, porque cree que el que piensa cometer un hecho asume que no será descubierto.

 Dice que tampoco sirven como mecanismo de reeducación de la persona que ha violado la ley, porque no persuade, ni atemoriza, además de que cuando llegan a la cárcel no necesariamente se regeneran, salvo raras excepciones. Y en ese sentido, dice que los centros del nuevo modelo penitenciario están demostrando que se puede reeducar, pero, aclara,  no con penas largas, sino con un mecanismo de control interno y reinserción social paulatina.  

Considera que el Estado debe neutralizar ese tipo de actuaciones con inteligencia, pues insiste que no se frenan con penas largas, pues cita casos de países donde existe el cúmulo de la pena, sin embargo no ha desaparecido esa clase de hechos.  

En el caso de las redes de criminales que han surgido en el país se descarta la existencia de asesinos en serie, debido a que para que se conjugue esa figura la persona lo hace por placer y por morbo, diferente a bandas de malhechores que lo hacen por beneficio económico.

De ahí que el jurista descarte que los crímenes de choferes en San Pedro de Macorís sean asesinatos en serie, sino más bien acto de sicariato, cuyo motivo es espurio, porque para recabar dinero importa poco privar de la vida a otra persona.

Simón señala que lo que la ley prevé es la premeditación, que generalmente el sicario planifica, identifica a la persona y le da un seguimiento, habiendo una preparación consciente para cometer el o los crímenes.