SANTO DOMINGO.- Dos jueces y la secretaria general del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este, fueron sometidos este martes por ante la Procuraduría General de la República, por supuesta falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos.
Los magistrados Lorenzo Salvador Zorrillo Núñez, y José María Vásquez Montero, así como la secretaria Brunilda Veras de Mota, están acusados de violar los artículos 145,1436 y 148 del Código Penal que tipifican los crimines de falsedad y uso de documentos públicos falsos.
Piden que los magistrados y secretaria sean condenados a 10 anos de reclusión y el pago de una indemnización de 50 millones de pesos.
La querella fue presentada por la familia Richiez Martínez, Richiez Serrano y Richiez Herrera, a través de los abogados Rosalinda Richiez Castro, Ricardo Ayanes Pérez y Salvador Catrain, quienes en rueda de prensa, afirman que el Central Romana quiere conocer el caso en los tribunales a la carrera antes que hagan cambios en las Cortes y Suprema”.
El doctor Catrain", en rueda de prensa en la PGR, informo que la querella tiene su origen en la listis sobre Derechos Registrados interpuesta por el Central Romana Corporación, el 19 de febrero del 2009, contra la familia Richiez y compartes en relación a una parcela ubicada en las playas de Higüey. De acuerdo a la parte demandante los jueces hacen “constar que celebraron una audiencia que no se celebró, y la secretaria del tribunal en acta certificada admite que no fue celebrada la audiencia donde los jueces dictaron una sentencia denominada "Auto Especial”.
En virtud que los jueces tienen una condición privilegiada el abogado Salvador Catrain pide al Procurador Francisco Domínguez Brito y al presidente del Consejo del Poder Judicial que agilicen este caso para hacer justicia.
Dijo Catrain que dicho tribunal emitió una decisión como un Auto Especial, no se entiende porque un tribunal titula una decisión, porque se dicta para favorecer los intereses en justicia de la citada empresa.
Esa decisión se da para motorizar un proceso de carácter privado, donde los jueces no se pueden inmiscuir, dan esta decisión de forma contradictoria el 22 de abril en audiencia pública del 2015, eso es falso, y además ese documento se ha usado para motorizar este proceso. Nosotros tenemos una certificación de parte de Brunilda donde ella dice que no se celebró ninguna audiencia para dictar esta sentencia”.
Además, de que no se nos citó como parte de este proceso, a los fines de respetar los derechos de la otra parte, reitero dieron una decisión en una supuesta audiencia que no se celebró.
La querella se fundamenta en que los jueces y la secretaria sometidos, haciendo las veces de mensajeros y paralegales, de la contraparte , es decir del Central Romana, han dictado , firmado y certificado la decisión 2015-00055 denominada Auto Especial, de fecha 22 de abril del 2015, la cual asegurar haber dictado en audiencia pública de esa misma fecha, lo que constituye una mentira y una falsedad burda total, ya que según Catrain no fue celebrada ninguna audiencia por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, a los fines de dictar de manera contradictoria el citado "Auto Especial”.
Indican los querellantes y sus abogados que todo es un reflejo de la profunda crisis que vive la justicia dominicana y deterioro en que esta inmersa la jurisdicción inmobiliaria del país.
POR LILIAM MATEO
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