SANTO DOMINGO. La Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia recibió ayer la orden de realizar una investigación a la decisión de la jueza Aristida Mercedes, que dispuso la libertad pura y simple de cinco venezolanos apresados con 359 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, mediante el acta 10/2016, dispuso la investigación sobre las circunstancias en que fue ordenada la libertad de los acusados de traficar en el avión Cessna, modelo C404, matrícula YV2708, que salió de Barquisimeto, Venezuela, con cuatro personas a bordo, los 359.62 kilogramos de cocaína pura distribuida en 349 paquetes dentro de tres maletas y dos bultos.
Germán Mejía adoptó la medida acogiéndose a las facultades que le otorga el Reglamento de Control Interno del Consejo del Poder Judicial, e instruyó para que una vez se obtengan los resultados de las pesquisas, sea rendido un informe donde se ofrezcan los detalles del caso.
Procurador y CARD
Ayer, el procurador General de la República, la fiscal de La Romana y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), al igual que la Dirección Nacional de Control de Drogas, criticaron la sentencia.
Francisco Domínguez Brito dijo que es “altamente preocupante” la decisión dictada por la jueza interina de la Oficina de Atención Permanente, por lo que harán todo lo posible para que Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35 años, no escapen de la justicia dominicana.
“Eso no puede quedarse así, por lo que haremos todo lo posible dentro del marco de la ley, para evitar que los favorecidos con la decisión, escapen de la justicia”, refirió Domínguez Brito, tras destacar el trabajo de inteligencia realizado por la DNCD y la Dirección Nacional de Investigaciones en el Aeropuerto.
La procuradora fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez, afirmó que fue la propia jueza Aristilda Mercedes quien otorgó la autorización número 418 de fecha 24 de marzo 2016 a las 2:43 p.m. para el registro de la aeronave que llegó al país con la cocaína.
En tal sentido, tildó de “improcedente”, “incorrecta” y “desafortunada” la decisión, por lo que recurrirá en apelación.
Al respecto, la jueza admitió haber otorgado la autorización para el registro de la aeronave, pero dejó en libertad a los imputados porque el número de la misma no figura en el acta del Ministerio Público. Así lo hizo constar en su decisión, de la cual DL obtuvo copia. “Declara nula la presente solicitud de imposición de medida de coerción por haberse omitido el número de la autorización en el acta de registro de la aeronave, lo que constituye una irregularidad procesal”, señala la resolución.
La Fiscal dijo que no se presentó en la solicitud de medida de coerción esa autorización de registro, porque el fiscal adjunto Víctor Henríquez Gil no estaba obligado a ello, dado que era un lugar público, y no se necesita de una autorización judicial.
“Es importante expresar que en los alegatos del Ministerio Público, en ningún momento se refirió a esta autorización de registro de aeronave, porque no es necesario”, refirió.
Explicó que cuatro de los imputados fueron detenidos mediante persecución en el peaje Romana-Santo Domingo, porque cuando se dieron cuenta de la presencia de los agentes emprendieron la huida, mientras que el piloto fue apresado en el área de rampa de la terminal aeroportuaria.
En tanto, Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, dijo que ese dictamen es otro golpe, y cuestiona una vez más la imagen del sistema de justicia de la República Dominicana.
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