El Código Procesal Penal (CPP) establece la forma cómo tiene que levantarse y custodiarse una evidencia para que pueda ser usada como elemento de prueba en los tribunales. Además, existen normas y protocolos para el control de las mismas.
No obstante, en el país persiste una práctica constante de mal manejo de las evidencias que se observa, sobre todo, al momento de su levantamiento, obligando a los jueces a tener que excluirlas de los procesos o, como admiten algunos, a cerrar los ojos frente a las irregularidades para poder admitirlas.
El abogado penalista Freddy Mateo Calderón afirma que en el 95% de los casos que se conocen en los tribunales del país, las evidencias son mal manejadas.
Estima como muy débil el régimen de custodia, y empieza señalando como responsable al propio Código Procesal Penal (CPP), del que dice, es muy genérico al tratar el tema.
Mateo Calderón es uno de varios abogados consultados que lamentan que en el país no exista una ley especial para el control de evidencias. También jueces y fiscales admiten que hay muchas cosas por mejorar en la cadena de custodia.
Damia Veloz y Dalma Díaz son las directoras de la Oficina de Control de Evidencia del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, respectivamente. Ambas admiten que en varias ocasiones tienen que rechazar material de prueba porque no fue bien levantado o porque no tenía la calidad probatoria necesaria.
“El control de la evidencia ha mejorado mucho pero todavía hay cosas que se tienen que mejorar”, comenta Díaz, quien recuerda que hubo tiempos en que en la Fiscalía de Santo Domingo se extraviaban piezas debido al mal registro.
Uno de los casos más recientes en que se rompió la cadena de custodia ocurrió en San Francisco de Macorís, donde se perdieron unas nueve armas de fuego que eran cuerpo de delito, conforme una denuncia que hicieron los jueces del Primer Tribunal Colegiado de esa demarcación.
Por la desaparición de las armas, algunas de las cuales habían sido recuperadas en manos de delincuentes, fueron apresados una secretaria del tribunal y dos vigilantes del Palacio de Justicia de esa ciudad.
A inicio de febrero se denunció la desaparición de otras siete armas de fuego que estaban en manos de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Control de Armas.
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