BOGOTÁ, Colombia. La Fiscalía de Colombia acusará a un excomandante del Ejército, condecorado por su lucha contra la insurgencia, y a un general en actividad por su presunta responsabilidad en ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros cometidas hace una década.
El ente acusador pedirá la imputación por cargos de homicidio en persona protegida del general retirado Mario Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008, y el general Henry Torres, recluido desde el lunes en una base militar en Bogotá “sin beneficio de excarcelación”, señalaron a la AFP fuentes de la Fiscalía.
Torres es el primer general en activo detenido en Colombia en el marco de investigaciones por “falsos positivos”, como se conocen los casos de miles de civiles asesinados por militares y presentados como bajas en la lucha contra la guerrilla, delitos por los cuales se investiga a 22 generales.
“El Ejército Nacional continuará apoyando y brindando la información solicitada por las autoridades para el desarrollo de las investigaciones, cuando sea de su competencia”, señaló el Comando de la Fuerza de Tierra en un comunicado en el que se solidarizó con Torres y su familia.
Ambos militares arriesgan hasta 40 años de prisión por estos casos.
Montoya, que encabezó las famosas operaciones Jaque -donde recobró la libertad la rehén de las FARC Ingrid Betancourt y otros 14 cautivos- y Fénix -donde murió Raúl Reyes, segundo al mando de esa guerrilla comunista-, fue citado ante el juez el 31 de mayo.
Comandante de la Fuerza de Tierra durante la fuerte ofensiva contra grupos rebeldes impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y mientras el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, Montoya será acusado de siete hechos ocurridos en siete divisiones del Ejército, entre ellas la muerte de un civil de Soacha presentado como guerrillero.
Presión por resultados
Montoya renunció a su cargo tras desatarse en septiembre de 2008 el llamado escándalo de los “falsos positivos”, luego de que una docena de jóvenes fueron desaparecidos por militares en la localidad de Soacha, contigua a Bogotá, y posteriormente exhibidos como rebeldes abatidos en enfrentamientos.
La Fiscalía considera que Montoya no sólo ejerció presión sobre sus subalternos para mostrar resultados operacionales en la lucha contra los grupos rebeldes, incrementando las bajas de presuntos guerrilleros con civiles asesinados, sino que no hizo nada para evitar estas muertes, indicaron las fuentes.
El militar en retiro, que tras dejar el cargo fue embajador en República Dominicana hasta 2011, ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía en agosto pasado por su presunta responsabilidad en casos de “falsos positivos” en el marco de la Operación Orión en Medellín.
Montoya era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército cuando en 2002 las fuerzas militares tomaron violentamente y con intervención aérea la Comuna 13 de Medellín, una deprimida barriada donde operaban milicias relacionadas con guerrillas, paramilitares de derecha y bandas de narcotraficantes.
Por otra parte, el general Torres es señalado como coautor de la muerte de dos campesinos, un padre y su hijo menor de edad, ocurridas en 2007 mientras el alto oficial era comandante de la Brigada 16 en Yopal (Casanare, centro-este) y presentados como miembros de la guerrilla muertos en un enfrentamiento con el Ejército en ese departamento.
Más de 4.000 civiles han fallecido de esta forma en Colombia a manos de militares, que buscaban así obtener prebendas, ascensos y reconocimientos en el ámbito castrense, según Human Rights Watch (HRW), una ONG con sede en Washington.
Por casos de “falsos positivos”, Santos destituyó siendo ministro a 27 militares, entre ellos a tres generales.
Según cifras oficiales, se han proferido más de 817 sentencias condenatorias contra miembros de la Fuerza Pública por estos crímenes y cerca de 2.000 personas están vinculadas a las investigaciones.
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