Integrantes de la trama de corrupción aduanera conocida como "La línea", por la que fueron detenidos el exmandatario de Guatemala Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, estafaron unos 34,8 millones de dólares en otro caso de fraude al Estado, informaron hoy fuentes oficiales.
El fraude tuvo lugar entre 2008 y 2010, según se explicó hoy en una rueda de prensa de la fiscal general, Thelma Aldana, el titular de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas.
En el nuevo fraude detectado, descubierto a través de interceptaciones a comunicaciones de Giovanni Marroquín, supuesto implicado en "La Línea", se urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales (33,3 millones de dólares) en obligaciones fiscales de la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que se repartieron el cobro de un crédito fiscal de 11,8 millones de quetzales (1,5 millones de dólares).
El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas tres querellas contra Aceros de Guatemala por fraude en la compraventa de chatarra, que Marroquín trató de que se sobreseyera utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.
El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso "La Línea", y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el pasado viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.
Junto a ellos, otros once trabajadores de la SAT están involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2,9 millones de quetzales (385.000 dólares), y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.
No obstante, era Marroquín, junto a sus socios de la empresas Tres Puertos, el abogado Frank Trujillo, Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj, quienes organizaron desde afuera la operación de fraude.
De hecho, en el teléfono móvil de Marroquín, en prisión preventiva por el caso "La Línea", se encontró un documento en el que se detallaba el pago a los funcionarios de la SAT por la alteración de los informes, un dinero que la trama obtuvo del cobro del crédito fiscal.
A esta organización criminal se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.
Tres de los involucrados, la representante legal de la empresa, María Eugenia Valdez, el abogado Frank Manuel Trujillo y el intendente de fiscalización de la SAT, Ariel de Jesús Guerra, se encuentran todavía prófugos de la Justicia.
El responsable de la Cicig censuró las implicaciones que tienen casos como este, en los que las empresas tratan de defraudar al Estado, especialmente en un momento en el que las cuentas públicas se encuentran en un "estado calamitoso".
Al respecto, las autoridades dijeron que existen varias denuncias por procesos similares que están siendo analizadas.
Aunque se trata de un caso distinto al de "La Línea", aclaró Velásquez, existen ciertos vínculos, por lo que continuarán las investigaciones.
La red "La Línea" fue desarticulada en abril de 2015 y, según la Fiscalía y la Cicig, era liderada por Pérez Molina y la exvicepresidenta Baldetti.
Baldetti renunció en mayo de 2015, fue detenida en agosto del mismo año y, luego de pasar varios días en centros hospitalarios, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la periferia norte de la capital.
Mientras que Pérez Molina renunció a la Presidencia en septiembre pasado y quedó en prisión preventiva en una cárcel militar.
Los dos ex altos cargos son acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera en el caso "La Línea", que generó una crisis política en Guatemala.
Hasta ahora el juez del caso no ha fijado una fecha para la denominada "etapa intermedia" del proceso, en la que deberá decidir si Pérez Molina y Baldetti van a juicio oral y público.
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