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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Radhamés Jiménez, exprocurador general de la República, fue incluido en la querella formal presentada contra funcionarios judiciales, por prevaricación, soborno, coalición de funcionarios y asociación de malhechores, misma que fue presentada en contra de la magistrada Awilda Reyes Beltré y el exconsejero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Arias Valera.
Sin embargo, la figura del funcionario se ha mantenido alejada de los cuestionamientos, según parece, por parte de la Procuraduría, la cual ha enfocado su atención sobre Reyes Beltré y Arias Valera, omitiendo en la investigación la parte que involucra a Jiménez.
Un señalamiento que los representantes legales de los familiares de varias de las víctimas de los asesinatos adjudicados a la supuesta banda de sicarios dirigida por el regidor de Pedro Brand, Erickson de los Santos, liberado por Reyes Beltré – el caso que destapó el escándalo dentro del Poder Judicial y dio paso a la investigación – han mantenido: quienes dieron la orden de libertad del regidor (y en otros casos) no han sido investigados. Esto incluye al exprocurador Jiménez, además de Mariano Germán y un hijo suyo.
Según Pancho Álvarez, la suspendida magistrada estuvo en comunicación con Radhamés Jiménez a través de Arias Valera, e incluso llegó a reunirse con el exprocurador en su oficina, luego de que iniciaran los cuestionamientos por la sentencia de Atiemar.
El proceso de investigación en contra de los jueces fue catalogado como “al vapor” por David Ruiz Jiménez, abogado de las víctimas, según sostiene, con el expreso interés de dejar fuera a Jiménez y otros implicados.
Tomás Castro, abogado de Reyes Beltré, también lanzó ladrillos a la Suprema Corte el pasado martes 20 de enero, durante la audiencia de apelación de prisión preventiva, dictada como medida de coerción en contra de su cliente, en la que afirmó que ella y Arias Valera están siendo utilizados como“chivos expiatorios”.
Adicional a eso, indicó que de ratificarse la medida en perjuicio de su defendida, quedaría en evidencia la persecución por parte de las altas instancias del poder judicial.
La querella depositada por los abogados David Santiago Ruíz y Manuel soto Lara, recibido el 22 de diciembre del 2015, en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluye violación a los artículos 123, 166, 176, 177, 179, 181, 183, 265 y 266 del Código Penal de la República Dominicana, que sancionan la coalición de funcionarios, el soborno o cohecho, el fallo judicial por favoritismo o enemistad y la asociación de malhechores.
La transcripción del testimonio rendido por el abogado Francisco Álvarez Valdez (Pancho), el día primero de diciembre del 2015, incluido en el expediente levantado por la Procuraduría, resalta que la magistrada habría actuado bajo instrucciones de Francisco Arias Valera; del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía y del exprocurador Radhamés Jiménez, en los casos de la Torrie Atiemar (para el cual, dijo la magistrada, recibió instrucciones de manera específica por parte de Jiménez), del avión del Banco Peravia y el de De los Santos, según le había relatado la suspendida jueza Reyes Beltré.
En el relato de Álvarez Valdez, se hace referencia a la reunión sostenida en el despacho de Mariano Germán el día dos de noviembre, cuyos detalles fueron compartidos por la exjueza. Esta le indicó que en la oficina del presidente de la SCJ fue contado y fotografiado el dinero (eran fajos de dos mil pesos) que habría servido como “pago de los servicios” efectuados por Reyes Beltré en el caso del regidor de Pedro Brand.
Esto coincide con los testimonios de Edgar Eliazer Torres Reynoso, secretario del Consejo del Poder Judicial y de Justiniano Montero Montero, director general de la Carrera Judicial e interino del Consejo del Poder Judicial sobre los hechos ocurridos en el despacho de Germán Mejía y narrados al abogado y miembro de Participación Ciudadana, que posteriormente fueron recogidos por el PEPCA.
Según Pancho Álvarez, la suspendida magistrada estuvo en comunicación con Radhamés Jiménez a través de Arias Valera, e incluso llegó a reunirse con el exprocurador en su oficina, luego de que iniciaran los cuestionamientos por la sentencia de Atiemar.
“Todas – las reuniones – giraron en torno a tranquilizarla sobre la base de los mismos argumentos de que se trataba de un tema político que ya él estaba resolviendo y que no ocurriría absolutamente nada”, detalla Álvarez en su declaración, en referencia al testimonio de Awilda Reyes Beltré sobre las reuniones con Jiménez.
Los motivos por los que el exprocurador y miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha quedado fuera del actual proceso, no han sido explicados por la Procuraduría.
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