SANTO DOMINGO.- Los supermercados, incluyendo las grandes cadenas, de República Dominicana están “llenos de porquerías” y venden productos de procedencia desconocida y sin etiquetados, denunció Sandino Bisonó,
presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor Inc. (CONADECO).
Dijo que esa situación atenta contra la calidad de vida de los dominicanos y pone en tela de juicio el rol que debe jugar el Instituto de Protección al Consumidor llamado (PROCONSUMIDOR).
En un documento criticó que “ante esa realidad”, Altagracia Paulino, directora del referido organismo, solo argumente que se encuentra de manos atadas porque no tiene medios legales para intervenir contra los especuladores, agiotistas y violadores de la Ley, debido a que en el país ya no existe Control de Precios.
A continuación el documento íntegro:
“La Ley No. 358-05 es la Ley General de Protección de los Derechos de los Consumidor o Usuario y en ella está contenida el código de protección del consumidor o usuario en su accionar en el mercado de bienes y servicios en la República Dominicana. Esta Ley ha creado el Instituto de Protección al Consumidor llamado PROCONSUMIDOR, con una Dirección Ejecutiva a cuya cabeza está el Director (a) Ejecutivo (a) quien según esta Ley en su artículo 9, párrafo a) hasta la s), establece la composición de PROCONSUMIDOR.
En su artículo 14, establece sobre la actuación para hacer válida una resolución por solo 5 miembros en adelante. El artículo 15 dice que las resoluciones que dicte serán de carácter obligatorio en todo el territorio nacional, en el artículo 19 manda que la Dirección Ejecutiva tendrá a su cargo: a) Organizar, dirigir, coordinar, vigilar y ejecutar las medidas, planes y programas que se adopten en la República Dominicana tendentes a la defensa de los derechos del consumidor y su área de bienes y servicios.
En su artículo 41 la presente Ley dice que la Dirección Ejecutiva de PROCONSUMIDOR junto con la Dirección de Normas y Sistema de Calidad (DIGENOR), establecerá mediante reglamentos los plazos mínimos previos a la fecha de expiración que deberán ser satisfechos para la internación de lo bienes perecederos de origen importados, este reglamento deberá prever que la Dirección General de Aduanas no autorice el despacho de importación de productos de consumo que no cumplan con este requisito, que no tengan Registro Sanitario, que no tengan fecha de expiración, o cuya fecha de expiración se encuentre vencida, cuyas etiquetas o rotulados no estén por lo menos en idioma español o que no tengan las advertencias de salud conforme a las normas vigentes, cuando corresponda.
Todos estos señalamientos de la Ley 358-05 o Ley General de Protección a los Consumidores y Usuarios lo traemos a colación porque constantemente y a través de los medios de comunicación masiva escuchamos decir a la Directora Ejecutiva de PROCONSUMIDOR (cuyo mandato es ilegal por vencimiento de su periodo desde el 9 de septiembre pasado), que ella se encuentra de manos atadas porque no tiene medios legales para intervenir contra los especuladores, agiotistas y violadores de la Ley porque ya no existe Control de Precios.
Nosotros pensamos que es un argumento traído por los moños para justificar la inacción de PROCONSUMIDOR ante lo que está pasando en el mercado de violación flagrante de la Ley, porque en la interacción en el mercado de bienes y servicios los proveedores están haciendo lo que le da la gana.
Si tomamos como ejemplo a los supermercados del país fundamentalmente las grandes cadenas, que no respetan leyes ni parámetros, se han dado a la tarea de poner en expendio productos genéricos traídos a granel no se sabe de dónde y embasados sin guardar ninguna norma ni especificación de peso, medida, origen, contenido, ingredientes y toda otra información porque en su gran mayoría, violando la ley, esos productos no tienen datos en el etiquetado, ni tampoco tienen registro sanitario, lo que es muy grave, a lo más que llegan es a señalar algunos es que su registro sanitario está en trámite, cuando ya esos productos tienen meses y años en los escaparates de esos establecimientos.
A quien reclaman los consumidores si la Directora de PROCUNSUMIDOR la Lic. Altagracia Paulino se ha lavado las manos diciendo que no puede actuar porque ya no existe control de precios?
La venta de productos genéricos ha creado un gran desorden en el mercado nacional porque están trayendo productos a granel para ser embasados aquí, que en muchos casos ni siquiera dicen el país de origen ni mucho menos si cumplen con las normas del Codex Alimentarius demostrando que en este país vivimos en una selva donde no existe el imperio de la Ley y la decencia, porque al dejarlos actuar, las autoridades dominicanas se hacen cómplices de esa situación, demás de que crean una competencia desleal a las empresas locales de productos alimentarios que cumplen con las leyes, que pagan sus impuestos y que cuentan con mano de obra dominicana. Todo es un contrasentido, cuando el gobierno habla de crear empleos y cerrar la brecha de la desigualdad social y la miseria. El Estado dominicano deja de percibir miles de millones de pesos por esta práctica desleal y perjudicial para el país de la importación y venta de productos genéricos en las cadenas de supermercados.
Recientemente hemos visto como proliferan en los supermercados estos productos genéricos cuya calidad nadie conoce.
Tal es la situación de la cadena de supermercados Olé, que se ha inventado la marca Olé sin ni siquiera tener registro de ese nombre y mucho menos amparo de ley, esta poniendo en venta al público consumidor productos cuyo origen no se establece tal como sucedió con una leche evaporada que lo menos que tenia era leche e igualmente pastas alimenticias y sardinas sin ninguna regularización.
A esto tenemos que sumarle que la cadena de supermercados Bravo, el 60% de sus productos esta bajo esa situación de ilegalidad, incluyendo embutidos y vinos; por esa misma situación está pasando La Sirena Y El Pola con su marca First Class y los Supermercado Nacional de la Cadena CCN, con su marca Líder la mayoría sin registro sanitario ni industrial, ni denominación de origen en un irrespeto flagrante a sus consumidores, exponiendo su prestigio de más de 50 años por el simple hecho de querer engañar a los consumidores.
Puede el Estado Dominicano continuar apañando esta vagabundería? Si se deja hacer es porque hay la intención de permitir que aquí cualquiera con patente de corso pueda venir a hacer lo que se le antoje, en un país donde el organismo encargado de hacer cumplir las leyes del mercado, su directora que ya se encuentra en un estado de ilegalidad en el cargo simplemente se lava las manos.
Que nos queda a los consumidores, si las autoridades no intervienen y en una actitud cómplice no asumen su rol y aplican la Ley 358-05?
A los consumidores no nos queda más que empoderarnos y enarbolar nuestro derecho a elegir y no consumir dichos productos”.
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