Ciudadanos agrupados en los movimientos cívicos Los
Hijos de Duarte y Patria Duartiana escenificaron ayer jornadas de
protestas en la capital ante la visita al país de una misión de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) que busca “una solución
duradera” a la crisis entre Haití y la República Dominicana.
Los protestantes afirman que la presencia de esa delegación constituye “una injerencia e intromisión en los asuntos internos del país, similar a lo ocurrido con la intervención de 1965”.
“Evitemos que destruyan nuestra Bandera”, reza una de las pancartas que portaban algunos manifestantes, que se establecieron en el frontal de la Torre Friusa, donde están las oficinas de la OEA.
Líderes de ambos movimientos depositaron un documento detallando
todas las intervenciones de la OEA en República Dominicana y las
consecuencias que eso ha generado.
Gladys Féliz, coordinadora del movimiento Los Hijos de Duarte, dijo que le llamaba mucho la atención que la misión de la OEA venga al país a recabar informaciones sobre la política migratoria que ejecuta el gobierno dominicano, “pero en cambio, no hizo lo mismo con Bahamas, una isla que ha repatriado a cientos de haitianos en situación irregular y ese organismo no ha dicho ni hecho nada”.
“Nosotros de la OEA no esperamos nada bueno, la República Dominicana tiene muy mala experiencia con ésta, y hay un marcado interés de que el pueblo haitiano se mude a esta nación”, advirtió.
Por su parte, el exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que el país desconfía de las reales intenciones que pueden estar detrás de la misión de observación.
“Los ciudadanos nos sentimos preocupados, porque, ¿qué puede salir de un informe en el que anticipadamente algunos de los funcionarios de ese organismo han expresado una posición, incluso contraria al artículo 3 de la carta de la OEA?”, se preguntó, Castillo Pantaleón.
Crecen las protestas
Más de 50 personalidades de Santo Domingo y Santiago enviaron ayer una carta de respuesta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al gobierno de Haití, en la que sostienen que la ocasión es oportuna para que se compruebe en el terreno que las acusaciones contra República Dominicana “se basan en mentiras e inaceptables pretensiones injerencistas”.
Advierten que su respuesta está al margen de toda gestión que lleve a cabo el gobierno de la nación conforme a las obligaciones que le impone la Constitución en su artículo 3, “que declara inviolable su soberanía” y establece que ninguno de los poderes públicos establecidos por la Constitución puede realizar o permitir actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos” del país.
Dicen que la afirmación de Almagro de que “el panorama migratorio es preocupante, dado que registra un ingreso masivo de personas de Haití provenientes de la República Dominicana y la situación se ha ido deteriorando con el paso de los días, mas su llamado a los países del Caricom a “unirse a los esfuerzos por buscar soluciones apegadas al derecho internacional”, no se corresponde cuando esos estados “que acusan hipócritamente al país de atropellar a los haitianos ilegales, los buscan hasta bajo las camas y los detienen en jaulas a esperar su deportación”.
“La OEA se ha hecho solidaria de los infundados alegatos de un gobierno ilegítimo incumplidor de sus obligaciones internacionales; heredero de las que contrajo en Washington en 1938 con el vigente Acuerdo Dominico-Haitiano”, agregó.
Los protestantes afirman que la presencia de esa delegación constituye “una injerencia e intromisión en los asuntos internos del país, similar a lo ocurrido con la intervención de 1965”.
“Evitemos que destruyan nuestra Bandera”, reza una de las pancartas que portaban algunos manifestantes, que se establecieron en el frontal de la Torre Friusa, donde están las oficinas de la OEA.
Líderes de ambos movimientos depositaron un documento detallando
todas las intervenciones de la OEA en República Dominicana y las
consecuencias que eso ha generado.Gladys Féliz, coordinadora del movimiento Los Hijos de Duarte, dijo que le llamaba mucho la atención que la misión de la OEA venga al país a recabar informaciones sobre la política migratoria que ejecuta el gobierno dominicano, “pero en cambio, no hizo lo mismo con Bahamas, una isla que ha repatriado a cientos de haitianos en situación irregular y ese organismo no ha dicho ni hecho nada”.
“Nosotros de la OEA no esperamos nada bueno, la República Dominicana tiene muy mala experiencia con ésta, y hay un marcado interés de que el pueblo haitiano se mude a esta nación”, advirtió.
Por su parte, el exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que el país desconfía de las reales intenciones que pueden estar detrás de la misión de observación.
“Los ciudadanos nos sentimos preocupados, porque, ¿qué puede salir de un informe en el que anticipadamente algunos de los funcionarios de ese organismo han expresado una posición, incluso contraria al artículo 3 de la carta de la OEA?”, se preguntó, Castillo Pantaleón.
Crecen las protestas
Más de 50 personalidades de Santo Domingo y Santiago enviaron ayer una carta de respuesta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al gobierno de Haití, en la que sostienen que la ocasión es oportuna para que se compruebe en el terreno que las acusaciones contra República Dominicana “se basan en mentiras e inaceptables pretensiones injerencistas”.
Advierten que su respuesta está al margen de toda gestión que lleve a cabo el gobierno de la nación conforme a las obligaciones que le impone la Constitución en su artículo 3, “que declara inviolable su soberanía” y establece que ninguno de los poderes públicos establecidos por la Constitución puede realizar o permitir actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos” del país.
Dicen que la afirmación de Almagro de que “el panorama migratorio es preocupante, dado que registra un ingreso masivo de personas de Haití provenientes de la República Dominicana y la situación se ha ido deteriorando con el paso de los días, mas su llamado a los países del Caricom a “unirse a los esfuerzos por buscar soluciones apegadas al derecho internacional”, no se corresponde cuando esos estados “que acusan hipócritamente al país de atropellar a los haitianos ilegales, los buscan hasta bajo las camas y los detienen en jaulas a esperar su deportación”.
“La OEA se ha hecho solidaria de los infundados alegatos de un gobierno ilegítimo incumplidor de sus obligaciones internacionales; heredero de las que contrajo en Washington en 1938 con el vigente Acuerdo Dominico-Haitiano”, agregó.
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