Washington, 6 may (EFE).- La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, pidió hoy al Gobierno de EE.UU. que investigue "los patrones y prácticas" de la Policía local, muy cuestionada tras la muerte del joven negro Freddy Gray por las heridas que sufrió cuando estaba bajo custodia policial.
En una rueda de prensa, la primera edil anunció que el Departamento de Justicia investigará cuáles son los "desafíos sistemáticos" que enfrenta el cuerpo de policía local, así como si los agentes incurren en prácticas discriminatorias o guían su comportamiento por un patrón de uso excesivo de fuerza.
El anuncio de Rawlings-Blake se produce justo un día después de la visita a Baltimore (Maryland) de la fiscal general de EE.UU., Loretta Lynch, que se reunió a puerta cerrada con la familia de Freddy Gray, de 25 años, quien falleció el pasado 19 de abril tras haber pasado una semana en coma por una grave lesión de columna sufrida durante su arresto.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Justicia Dena Iverson comunicó que la División de Derechos Civiles ha recibido la petición de la primera edil para investigar las prácticas de la policía local.
"La fiscal general está considerando activamente esa opción a la luz de lo que escuchó ayer sobre la forma de hacer cumplir la ley, los agentes, la comunidad, la fe y los jóvenes líderes de Baltimore", añadió la portavoz del Departamento de Justicia, haciendo referencia a la visita de Lynch a la ciudad estadounidense.
Durante su intervención, la primera edil también anunció que los agentes incorporarán a sus uniformes cámaras corporales con el fin de aumentar su supervisión mientras están en servicio.
"Tenemos que hacer las cosas bien. El fracaso no es una opción", dijo la alcaldesa, que reconoció la existencia de una relación "fracturada" entre los habitantes de Baltimore y la Policía, a pesar de los esfuerzos por cambiar las prácticas y cultura de los agentes que dice haber impulsado durante su gestión.
La investigación que ha solicitado la alcaldesa es similar a la que llevó a cabo el Departamento de Justicia en Ferguson (Misuri), donde la muerte en agosto del joven negro Michael Brown a manos de un policía blanco ocasionó fuertes protestas.
El informe concluyó que los agentes de Ferguson violaban de forma rutinaria la Constitución del país al detener a personas sin motivo aparente, usar la fuerza excesiva contra ellas o registrarlas obedeciendo a prejuicios raciales.
Tanto en Ferguson como en Baltimore, la muerte de negros a manos de policías blancos desató graves disturbios, que provocaron la declaración durante varias noches del toque de queda y el despliegue de la Guardia Nacional, una fuerza militar de reserva que suele movilizarse en catástrofes naturales y en situaciones de desorden público.
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