SANTO DOMINGO.- Un total 16 industrias de la República Dominicana solicitaron al Gobierno dejar sin efecto la circular del Departamento de Compras del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que modifica el pliego de condiciones otorgándoles acceso a los bienes importados en programas de alimentación,
violando principios legales y los derechos adquiridos de los productores nacionales, establecidos en el capítulo nueve del DR-CAFTA, sobre contratación pública.
Durante una visita de cortesía que giraran al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, los consultores privados internacionales, señores Manuel Díaz Franjul y Hugo Rivera Fernández, en representación de César Iglesias, MERCASID, INDUVECA, Peravia Industrial, Molinos Modernos, La Fabril, C por A, kette Sánchez Industrial, Multicereales, y Grupo Rafael Núñez P., entre otras empresas dominicanas, indicaron que la resolución señalada de fecha 18 de febrero de este año no solamente afecta sus negocios sino también que violenta reservas establecidas en el DR-CAFTA, dándole acceso a productos importados para que sustituyan los productos nacionales en las compras de alimentos.
En la solictud que realizaron a través de los ministerios de Industria y Comercio y de Hacienda, precisaron que esta resolución ha llevado a 16 de las principales industrias del país elevar un recurso de reconsideración a la medida emitida en el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Contrataciones Públicas.
En el marco de dicha visita al señor Maldonado, los representantes de las referidas empresas expresan que la Dirección General de Compras y Contrataciones dependencia del Ministerio de Hacienda, ha emitido una resolución en la que cambia el ambiente nacional en cuanto a permitir que las compras que realiza el Gobierno sean de productos importados, sustituyendo los productos nacionales, que mantenían derechos adquiridos en las leyes y en una reserva del DR-CAFTA.
Significaron que la Dirección de Compras del Plan Social de la Presidencia, mantiene y siempre ha mantenido una política a favor de los productores nacionales, pero al acatar la resolución del Ministerio de Hacienda se vio obligada a dar paso a productos importados en programas sociales de alimentación.
Expusieron que este cambio ha alterado los requisitos solicitados en el formulario de productos licitados, establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas para Compras y Contrataciones de Bienes y /o Servicios conexos, en lo concerniente a la adquisición de artículos comestibles, regidos por la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-12.
Resaltaron que dicho Pliego de Condiciones establecía las condiciones específicas e inalterables para ciertas categorías de productos que debían de ser bienes de producción nacional.
Según lo consignado en el formulario numeral: 2.8 que afectan los siguientes productos: Pastas, Harina de Maíz, Avena Entera, Aceite de soya, Cocoa en Polvo, Salchicas Viena, Sazón en Polvo y silo en el caso de productos no producidos en el país y necesarios como las sardinas se permita la importación.
Los demandantes que piden que se deje sin efecto la circular antes señalada, expresan que esta situación requiere que el Gobierno realice los mayores esfuerzos a fin de que los órganos superiores encargados de la aplicación de las legislaciones y normas nacionales sobre las contrataciones públicas, en su relación con tratados internacionales que tratan sobre la materia, como el DR-CAFTA, hagan la debida coordinación interna.
“Al parecer, la Dirección de Compras de la Oficina del Plan Social de la Presidencia, que siempre ha estado cuidando los sectores nacionales, al recibir el recurso presentado por los afectados ha mostrado disposición de regresar al sistema anterior de respetar los derechos adquiridos, después de haber efectuado una revisión que constata los fundamentos de las políticas públicas que justifican el trato de exclusividad para los sectores nacionales, así como las normas internacionales multilaterales y de tratados, incluyendo el DR-CAFTA”, precisaron Díaz Franjul y Rivera Fernández en su visita al director de El Nuevo Diario.
“Es urgente que la Dirección General de Compras dependiente del Ministerio de Hacienda deje sin efecto la mencionada resolución, para que el sistema de compra mantenga los criterios que protegían las producciones nacionales. La última compra resultó en grandes perjuicios a los suplidores nacionales”, precisaron Díaz Franjul y Rivera Fernández.
En marco de la visita a El Nuevo Diario, los representantes de las empresas nacionales, expresaron que durante las negociaciones del DR-CAFTA, se hicieron concesiones a favor de los derechos adquiridos de los productores dominicanos de alimentos, que se consignaron en el Capítulo Nueve del acuerdo.
Recordaron que el Estado Dominicano estableció la reserva para que a las contrataciones realizadas en apoyo a programas de alimentación humana, se mantenga exclusivamente el suministro con productos nacionales, incluyendo la facultad de legislar siempre a favor de que sean productos nacionales que tenían los productores locales frente a los importados, más necesaria aun, luego de la completa eliminación de los aranceles del sector industrial, ocurrida a partir del 1 de enero de 2015.
Durante el encuentro con el señor Maldonado, los consultores y negociadores internacionales Díaz Franjul y Rivera Fernández, mostraron una serie de cartas enviadas al ministro de Industria y Comercio, y al director del Plan Social de la Presidencia y a la directora de la Dirección de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda, señores José del Castillo Saviñón, César Prieto y Yocasta Guzmán, respectivamente donde exponen los perjuicios que han causados la resolución de marras a las empresas por ellos representadas en este asunto particular.
En la comunicación enviada al ministro de Industria y Comercio, las empresas perjudicadas con la referida resolución dicen lo siguiente:
“Señor ministro, nuestro sector ha elevado un recurso de reconsideración de la medida establecida en la circular No. DC-001-2015 del 18 de febrero del año 2015 del Departamento de Compras del Plan de Asistencia Social de la República Presidencia, basándonos entre otras consideraciones en su manifiesta ilegalidad, lo que nos faculta a iniciar, lamentable, las vías de protección que acuerda el sistema jurídico- administrativo de la República Dominicana, no sin antes hacer notar que la decisión arriba citada, en materias vinculadas con tratados internacionales, invade el área de competencia de otros entes estatales, entre ellos el Ministerio que usted dirige, y que dichas materias exigen una cuidadosa reflexión, por parte de los órganos de implementación y coordinación, como ese ministerio, ya que durante las negociaciones de tratados internacionales, entre ellos el DR-CAFTA, y el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el CARIFORO, del cual forma parte este país, se establecieron mecanismos de consulta que permitieron a los sectores productivos nacionales cooperar con el sector gubernamental para lograr el objetivo de la concertación de dichos tratados”.
POR GILBERTO HERNÁNDEZ
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