Santo Domingo.- El procurador general del República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el extitular de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN) tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido en relación con las sanciones dispuestas este martes con relación al robo de mil 200 kilos de droga.
El procurador general de la República definió a Fernández Valerio como un “narcotraficante” porque ordenaba incautar drogas para luego venderlas.
“Fernández Valerio tiene toda la responsabilidad en este caso, en los tipos penales como jefe de esta división policial, razón por la cual se ha llegado al punto más importante: la decisión de emitir orden de arresto contra el general”, dijo.
Fue presentada medida de coerción contra el coronel Carlos Fernando Valerio, el exjefe de operaciones de DICAN; teniente coronel Félix Humberto Paulino López; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el Ministerio Público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que se les ha emitido orden de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
El procurador Francisco Domínguez Brito, negó que la investigación de este caso tenga relación con la visita que le hiciera el embajador de los Estados Unidos a su despacho.
“No hay relación de la visita del embajador con este caso de corrupción, tenemos una relación de respeto y mucha colaboración, pero no hubo vinculación con este caso”, reiteró
Domínguez Brito, dijo que de los 25 implicados, once están arrestados, y pide a los nombrados “Nicolás y Santos Emilio Hernández, supuestos dueños de la droga encontrada en el allanamiento practicado el 27 de septiembre del 2014, en donde se incautaron 950 kilos de cocaína, calificados de prófugos y autores de uno de los “tumbes”, entregarse a las autoridades porque está siendo perseguido por todos los organismos de seguridad.
El exdirector de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, Carlos Fernández Valerio, fue arrestado en el día ayer en la mañana y recluido en el Centro Penitenciario “donde la Policía tiene su centro, para luego dictarle nuevas medidas de coerción”, informó el doctor Francisco Domínguez Brito.
“Jamás pudimos pensar que quien está llamado a combatir las drogas se convirtiera en un narcotraficante”, dijo, y agregó, sin citar nombres, que “Hay dos más que están siendo investigados por otros tumbes y vamos a presentar los cargos correspondientes en su contra”.
Pena máxima de un año como medida de coerción
En principio son 25 y once los arrestados, sin descartar a los demás al referirse además de Fernández Valerio, a los procuradores fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Beras Castro, Leonidas Suárez Martínez; así como el coronel Mercedes Altagracia Morla Cuevas, el teniente coronel Félix Humberto López Paulino, teniente coronel Voltaire Batista Matos, teniente coronel Juan Bulus Andújar, el mayor Luciano Gómez Cabrera, mayor Junior Vázquez Báez, así como al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán.
También se dictaminó el arresto al sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, sargento Pedro José Almánzar González, cabo Agapito muñoz evangelista, la raso Raidirys Lironey García Miranda, coronel Guillermo Báez Ubiera, teniente coronel Francisco Valenzuela Valenzuela, mayor Ruddy José Japa Álvarez, capitán Carlos Amézquita Reinoso, primer teniente William Ruddy Rosario Guerrero, mayor Alberto Jiménez Ruiz, capitán Edwin Lapaix, teniente Juanico Belén Mejía, sargento mayor Francisco Pérez Castro.
Los onces citados por el PGR son: el coronel paracaidista José Hernández Valerio, Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro, mayor Ruddy José Japa Álvarez, primer teniente Barbaro Torres Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, Pedro José Almanzar González, Agapito Muñoz Evangelista, Raidirys Lironey García Miranda, teniente coronel Félix Humberto López Paulino.
El procurador Domínguez Brito, informó que la sustancia sustraída en la citada operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para los altos mandos policiales, como a los miembros del Ministerio Público.
“Es bueno destacar que la investigación reflejó que durante el desarrollo del operativo se produjeron entradas y salidas de los participantes de forma separada al apartamento del coronel Valerio ubicado en la avenida México, para ponerlo al tanto del hallazgo”, destacó.
Un caso superior al de “La Mulata”
El procurador Francisco Domínguez Brito dijo que el caso Dican, es superior al caso La Mulata de Puerto Plata.
“Es algo más profundo: saqueo, estructura organizada de apañamiento y tolerancia por parte de las autoridades que tenían la responsabilidad de combatir estos hechos, pero jamás vamos a permitir que esto se convierta en tierra de narcos”, advirtió.
En ese sentido, dijo que jueces, fiscales, que colaboren van a ir a la cárcel, gente que por mucho dinero venden su dignidad para enriquecerse por entrar en competencia de gastos.
Desvinculan a las presentadoras de televisión
Al procurador se le preguntó qué pasaría con las supuestas presentadoras de televisión, implicadas en el caso Dican, Francisco Domínguez Brito respondió que “no tienen implicación de drogas, solo algunas relaciones amorosas en las que la institución no tiene que inmiscuirse”.
Sobre la eliminación del Dican, dijo que los días por venir son los que determinarán esa decisión, “se hará lo que más convenga”.
Se entrega un imputado
Tras finalizar la rueda de prensa, apareció en el antedespacho del procurador el mayor Luciano Gómez Cabrera, quien llegó a entregarse, alegando que él es inocente y, extrañado de aparecer en el listado de los 25 imputados vinculados al caso Dican.
Cómo se distribuyó la droga
De acuerdo al informe de la Procuraduría General de la República y la propia investigación la distribución de los 950 kilos, se realizó de la siguiente manera: 250 kilos a los representantes del Ministerio Público, hoy apresados, y los 700 restantes quedaron bajo el control del coronel Paulino quienes a su vez, colocaron parte de la misma en el mercado local.
Informó que en el operativo realizado a la empresa Cajas de Seguridad Dominicana, entre lo encontrado figuran certificados de depósitos y de inversión con un valor de 5 millones de pesos, títulos de propiedad correspondientes a locales comerciales que estaban a nombre de Omar Ogando Ogando, primo del exfiscal Máximo Díaz Ogando, entre otras, así como 15 mil dólares en efectivo en billetes de diferentes nominaciones.
Fueron recuperados producto de esta ilícita operación, un millón 450 mil pesos en efectivo entregados a las autoridades de forma voluntaria por uno de los sargentos que participó en el operativo, así como una yipeta de 2014.
Otro de los participantes que recibió alegadamente del coronel Paulino unos 3 millones de pesos, entregó de forma voluntaria a las autoridades del Ministerio Público, un apartamento que adquirió a un precio de 2.6 millones de pesos y un vehículo valorado en 400 mil pesos.
“Destacamos que esta investigación no ha concluido, el mensaje está claro: los llamados a perseguir y castigar el crimen organizado en todas su manifestaciones, bajo ninguna circunstancia pueden aliarse al mismo y operar como vulgares delincuentes y narcotraficantes”, dijo Francisco Domínguez Brito.
La orden de arresto
La jueza de Instrucción especial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, ordenó el arresto de los arriba citados tras una investigación realizada por el Ministerio Publico en contra de los ciudadanos cuyo arresto se solicita por presuntamente haber sustraído una droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre del 2014 por los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando, Ramón Augusto Veras Castro y Leónidas Suarez Martínez, en compañía de miembros de policías más arriba señalados.
“Sustrajeron la droga, así como también una indeterminada suma de dinero en efectivo en violación a las disposiciones de los artículos 145, 265, 266 del Código Penal y la Ley 50-88, 72-02 y la Ley 82 del 1979.
En su ordenanza la jueza Wendy Martínez Mejía Resuelve:
Primero se autoriza al procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, y a Eduard Robel Rodríguez Mendoza, procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo, a proceder al arresto de los 25 ciudadanos citados más arriba.
Por Lilian Mateo
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