No hay descanso para los estafadores en América Latina, ni siquiera en plena pandemia. Desde Argentina a Panamá, varios funcionarios públicos se han visto obligados a renunciar ante crecientes reportes sobre la compra fraudulenta de respiradores, mascarillas y otros suministros médicos.
Las operaciones se caracterizan por unos precios hinchados por los fabricantes y beneficios para intermediarios con conexiones políticas, que ven la crisis como una oportunidad para desviar fondos públicos.
“Donde hay necesidad extrema, eso trae que se flexibilizan las normas de gastos y siempre hay alguien ahí buscando lucrarse a través de la corrupción”, dijo José Ugaz, exfiscal peruano, que encarceló al expresidente Alberto Fujimori y presidió Transparencia Internacional entre 2014 y 2017,
Los focos de infección siguen creciendo en América Latina, donde impulsan la cifra de muertos, abruman hospitales ya precarios y amenazan con devastar maltrechas economías.
En este escenario, los reportes de fraude se han multiplicado. La policía de Río de Janeiro allanó el martes la residencia del gobernador, dentro de una creciente pesquisa sobre la
supuesta malversación de parte de los 150 millones de dólares en fondos públicos destinados a construir hospitales de campaña.
42 gobernadores
En Colombia, 14 de 32 gobernadores están bajo investigación por delitos desde la malversación a la concesión ilegal de contratos sin concurso público. En Buenos Aires, la capital de Argentina, la fiscalía investiga a un hombre con conexiones políticas por comprar 15.000 mascarillas N95 que, pese a haber caducado, le costaron a la ciudad 10 veces su precio de mercado.
En Colombia, 14 de 32 gobernadores están bajo investigación por delitos desde la malversación a la concesión ilegal de contratos sin concurso público. En Buenos Aires, la capital de Argentina, la fiscalía investiga a un hombre con conexiones políticas por comprar 15.000 mascarillas N95 que, pese a haber caducado, le costaron a la ciudad 10 veces su precio de mercado.
Quizá el mayor escándalo esté en Bolivia, donde el ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28.000 dólares cada uno. Sin embargo, su fabricante en España dijo haberlos vendido a un distribuidor por apenas 6.000 euros (6.500 dólares) la unidad. Para empeorar las cosas, los dispositivos no son adecuados para un uso prolongado.
La investigación amenaza con descarrilar la candidatura a la presidencia de la gobernante interina Jeanine Áñez. La mandataria asumió el cargo en noviembre, prometiendo una ruptura con los 13 años de gobierno izquierdista por Evo Morales, que renunció en medio de acusaciones de amaño electoral.
Se han registrado acusaciones similares de sobrecostes en Panamá, donde un importante asesor del presidente, Laurentino Cortizo, renunció al puesto, y el vicepresidente estaba bajo presión para que dimitiera después de que la fiscalía empezara a investigar los planes de comprar 100 respiradores a casi 50.000 dólares cada uno.
En Brasil, que tiene la segunda cifra más alta del mundo de casos confirmados de COVID-19, la policía de un estado creó una división para investigar delitos relacionados con la pandemia. Su nombre, “Corona Jato”, es un guiño al mayor escándalo de corrupción registrado en Brasil en los últimos años, el caso “Lava Jato” que desveló el desvío de miles de millones de dólares de empresas estatales.
BOLIVIA
Respiradores.
Quizá el mayor escándalo esté en Bolivia, donde el ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28,000 dólares cada uno.
Respiradores.
Quizá el mayor escándalo esté en Bolivia, donde el ministro de Salud fue detenido en medio de acusaciones de que se compraron 170 respiradores a precios inflados. Los aparatos se adquirieron a casi 28,000 dólares cada uno.
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