SANTO DOMINGO.- Los mensajes y acciones del gobierno de Estados Unidos sobre el manejo del caso Odebrecht constituyen un fuerte cuestionamiento a las instituciones de la República Dominicana y ponen en entredicho la seguridad jurídica del país, aseguró Antonio Taveras Guzmán, preside la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).
“Si en República Dominicana funcionara un verdadero sistema de consecuencias, y si el Ministerio Público fuera independiente, la ciudadanía no estuviera sufriendo la vergüenza y el bochorno de ver a poderes foráneos insinuando cómo la sociedad dominicana debe enfrentar uno de los más grandes escándalos de corrupción de su historia”, expresó.
Dijo que la suspensión del visado y el congelamiento de activos en territorio norteamericano al empresario e imputado en el caso Odebrecht, Angel Rondón, es una objeción a la administración de justicia dominicana.
“De igual manera se interpreta el artículo publicado en un diario nacional por Robert Copley, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, quien advirtió que su gobierno no hará silencio frente a la impunidad relacionada con los sobornos de Odebrecht en el país”, indicó.
Afirmó que “desde el encabezado (Un paso adelante en la lucha contra la corrupción) hasta la última línea, el escrito de Copley divulgado en Listín Diario retrata el escaso desarrollo institucional del país y la desconfianza en la justica”.
Explicó que “las debilidades institucionales y la falta de confianza en el sistema judicial frenan las inversiones privadas, necesarias para el crecimiento económico y crean incertidumbre en el clima de negocios y en las empresas ya establecidas en el país”.
“Con la excepción de República Dominicana, en los países donde se produjeron sobornos de la empresa Odebrecht ha habido consecuencias, mientras que aquí las acciones adoptadas están más próximas a una distracción que a un caso seriamente judicializado”, expresó.
En ese sentido, pidió a la sociedad dominicana “estar pendiente al caso Odebrecht desde los primeros días de enero del 2018, cuando se comienza a vencer el plazo que tiene el Ministerio Público para procurar una verdadera aplicación de justicia por las denuncias de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilícito de campañas relacionadas con las operaciones de esa multinacional en el país”.
“En las primeras semanas de 2018 los sectores que aspiramos a vivir y desarrollarnos en un país donde la aplicación de la ley sea igual para todos y todas, tenemos el deber de dar seguimiento paso a paso al caso de Odebrecht, para que no se imponga la impunidad ni los intereses políticos y económicos que nos mantienen estancados en el subdesarrollo”, manifestó Taveras Guzmán en un comunicado
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