Venezuela denunció el sábado una supuesta campaña de desprestigio orquestada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que buscaría “deslegitimar” la lucha de las fuerzas armadas venezolanas en contra de grupos armados y narcotraficantes que operan en la extensa y remota frontera con Colombia.
El ministro de Defensa venezolano, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció a través de la aplicación WhatsApp y redes sociales que grupos irregulares colombianos pretenden generar zozobra entre pobladores venezolanos del fronterizo estado Apure.
En momentos que son enfrentados, se pretendió “sembrar terror, generar falsas matrices de opinión y deslegitimar la actuación” de las Fuerzas Armadas venezolanas, dijo Padrino López en una rueda de prensa.
Destacó que desde el 21 de marzo, en el marco de la “Operación Escudo Bolivariano”, se “están ejecutando acciones contra grupos irregulares armados colombianos” en las inmediaciones de varios poblados fronterizos en Apure, a unos 770 kilómetros al suroeste de Caracas.
Dijo que hasta el sábado la acción arroja un saldo de “seis terroristas” fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad venezolanos, más de 30 detenidos, entre ellos 27 “sospechosos puestos a la orden del Tribunal Militar 14 de control”.
Durante el operativo también se desmantelaron seis campamentos, se incautaron armas, granadas, explosivos, prendas de vestir militares, vehículos, drogas y equipos tecnológico, agregó el ministro.
Padrino López indicó que se trata de un grupo “muy violento, conectado con el narcotráfico” y que supuestamente sigue “una estrategia clara del imperialismo” estadounidense “con el gobierno de Colombia para actuar contra Venezuela”.
El ministro no mencionó a cuál grupo están combatiendo, pero según indica Human Rights Watch (HRW) se trataría del Frente 10 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las actividades de grupos armados irregulares y las bandas del narcotráfico colombianas “es su problema, es su guerra, es su conflicto. Nosotros los mantenemos al margen. Pero para acá no vengan”, insistió Padrino López.
Miles de personas, en tanto, huyeron de sus casas en Venezuela por los enfrentamientos y muchos de ellos denunciaron maltratos.
José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, dijo el miércoles a The Associated Press que han recibido “denuncias creíbles de abusos por parte de las fuerzas de seguridad venezolana en contra de la población en Apure, incluyendo allanamientos violentos y sin orden judicial, posibles detenciones arbitrarias y hurtos de bienes de la población”.
Al respecto, Padrino López insistió que la operación en esa región fronteriza “sencillamente busca mantener a raya la violencia... el narcotráfico de Colombia” y “busca la paz y garantizar la soberanía” de Venezuela.
Las autoridades colombianas no respondieron de inmediato a las acusaciones del ministro venezolano.
En el municipio colombiano de Arauquita, Colombia, donde se han refugiado las personas desplazadas, viven una crisis humanitaria, según han declarado las autoridades locales y nacionales, quienes han dispuesto ocho albergues para la población desplazada. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo hasta el 25 de marzo se habían desplazado 2.653 venezolanos y 521 colombianos.
El gobierno colombiano reforzó la presencia militar en la frontera con Venezuela en la zona de Arauca desde el miércoles con cerca de 2.000 soldados, según el Ministerio de Defensa.
En la víspera, la Fiscalía General de Venezuela designó a dos fiscales de protección de los Derechos Humanos para investigar los sucesos en el estado Apure.
No hay comentarios:
Publicar un comentario