NUEVA YORK.- José Núñez, un asistente legal dominicano de 49 años de edad y el abogado coreano Benjamín Yu de 37, fueron condenados a nueve y tres años de cárcel, después de ser declarados culpables de comprar informaciones con sobornos, a una entidad que maneja datos de presos por diferentes delitos, y a los que el jurista oriental quería como sus clientes.
Ambos implicados, según los fiscales, pagaron dinero al manejador de una agencia sin fines de lucro que se encarga de buscar abogados a imputados pobres, pero que en su base de datos, cuenta con miles de nombres de acusados de distintas clases sociales y económicas, lo que atrajo la ambición de Yu, que usó a Núñez para coordinador los pagos.
El encargado de la agencia, no fue acusado, porque negoció con la fiscalía para delatar a los dos sentenciados.
El juez James Burke de la Corte Suprema Estatal en Manhattan, que los condenó el miércoles, los calificó de codiciosos. Le dijo al abogado que es un jurista con mucho talento, que “es lo peor de su conducta”.
El magistrado le recriminó al abogado coreano, que en vez de usar su capacidad y conocimientos para delinquir, debió hacerlo para algo bueno y positivo.
“Usted es increíblemente codicioso y egoísta y debió haber ayudado a la gente, en vez de violar las leyes”, insistía el juez al abogado oriental antes de cantarles los años de cárcel.
A Núñez, se le expresó el juez en términos similares y lo describió como “un brillante intrigante que sólo buscar ganar dinero por medios corruptos”.
En mayo, un jurado encontró culpables a los dos hombres de más de una docena de cargos de soborno, conspiración y mala conducta gratificante.
El fiscal adjunto Samuel Levy alegó que los acusados ??minaron el proceso judicial mediante el pago a un empleado de la Agencia de Justicia Criminal de Nueva York dándole más de $30.000 para referirles clientes adinerados.
El abogado de Yu, Patrick Brackley, y el abogado de Núñez, Robert Briére, criticaron que la fiscalía construyera el caso en base a testimonios personas que se lucraron” en referencia al delator.
“Se basaron en una premisa falsa" a sabiendas de que el empleado de la CJA es un servidor público”, añadió el defensor.
Según ambos abogados, La CJA es una entidad privada sin fines de lucro que tiene un contrato con la ciudad, y por lo tanto, “los hombres no podían ser culpables de soborno”.
Por Miguel Cruz Tejada
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