Portando mensajes como “cárcel para los asesinos”, ciudadanos vestidos de blanco y negro expresaron su indignación mientras los imputados abandonaban el tribunal, momento en el que se escucharon gritos de “¡asesinos, asesinos!”.
Desde tempranas horas de la mañana de ayer, el área permaneció fuertemente custodiada por agentes de la Policía Nacional para preservar el orden durante el desarrollo de la audiencia.
Visiblemente afectados, Serafín de Jesús y Rómula Martínez, padres de María Eliana de Jesús, de 37 años, única hija del matrimonio y una de las 236 víctimas mortales del colapso del techo del centro nocturno, manifestaron su frustración tras la suspensión del proceso.
“Aquí no hay justicia en este país, el que tiene dinero abusa del que no tiene”, expresó Serafín de Jesús, mientras su esposa, con voz entrecortada, dijo sentir impotencia al ver a los imputados. “Me da rabia verlo ahí con su cara muy limpia mirándonos”, afirmó.
A pocas horas de iniciarse la audiencia preliminar por la tragedia del Jet Set Club, Wilton Tejeda, padre de una de las víctimas mortales, reclamó justicia y cuestionó los acuerdos económicos alcanzados por algunos sobrevivientes y familiares con los propietarios del establecimiento.
Previo al inicio del proceso judicial, Tejeda calificó como una grave irresponsabilidad estructural las condiciones en las que operaba la discoteca, señalando que el techo del local estaba sobrecargado con múltiples capas de cemento, tinacos de agua y equipos pesados sin las debidas garantías técnicas.
En el plano judicial, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para notificar formalmente la acusación a los abogados de las víctimas y a los querellantes.
Asimismo, concedió 30 días adicionales a la defensa de las víctimas para la elaboración y depósito de sus escritos, una vez recibida la acusación.
El magistrado también fijó para el 30 de enero el conocimiento del contraperitaje solicitado por la defensa de los imputados, quienes enfrentan cargos por homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas, así como golpes y heridas agravadas recibidas por 89 personas, como consecuencia del derrumbe ocurrido el 8 de abril.
Imputaciones
— Solicitud
El Ministerio Público imputa a los hermanos Espaillat los cargos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias, en perjuicio de las víctimas de la tragedia, y solicitó que el caso sea enviado a juicio de fondo.
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