El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), propusieron la "jubilación anticipada" de la Termoeléctrica Punta Catalina, reemplazando la electricidad que genera el carbón por energías renovables.
La propuesta la explicó el profesor Enrique de León, vocero del Comité, durante la puesta en circulación del libro Informe Final del Estudio sobre la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), en el recinto de San Pedro de Macorís de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
De León manifestó que las unidades 1 y 2 de Punta Catalina serían cerradas sucesivamente en el 2026 y el 2028, en la medida que las plantas solares y eólicas entren en operación.
Dijo que para reemplazar los 759 megavatios que genera Punta Catalina con carbón mineral se necesitarán plantas fotovoltáicas y eólicas más almacenamiento con baterías, con un costo ascendente a US$ 5,472 millones, según estudio preliminar elaborado por el Instituto Montañas Rocosas (IMR).
Señaló que para sustituir los 759 megavatios de carbón de Punta Catalina se deben instalar 1,945 megavatios de solar y 1,166 megavatios de eólica en tierra, en total 3,111 megavatios, más almacenamiento con baterías. seguró que el financiamiento para montar estas plantas solares y eólicas sería cubierto por bonos verdes vendidos en el mercado de carbono de Estados Unidos, a través de la plataforma que recientemente se ha constituido entre la Fundación Rockefeller y la Fundación Bezos, con el aval del Tesoro de los EE.UU., para ayudar a la transición hacia energías limpias y renovables en República Dominicana.
Bonos verdes
El profesor Enrique de León expuso que la base de este financiamiento son las 97.12 millones de toneladas de dióxido de carbono que Punta Catalina dejaría de emitir entre el año 2028 y el año 2041 que es la fecha en que expira la vida útil de esta central, que serían vendidas en el mercado de bonos verdes de Estados Unidos.
Indicó que Punta Catalina emite anualmente 4.2227 millones de toneladas de C02 que por 23 años totalizan 97.12 millones de toneladas.“Actualmente en el mercado de bonos verdes de los Estados Unidos, la tonelada de C02 tiene un precio promedio de US$ 80, que si multiplicamos 97.12 millones de toneladas de C02 por este precio, obtendremos a través de este mecanismo US$ 7,770 millones, mucho más que el capital necesario para instalar las plantas solares y eólicas, más almacenamiento con baterías que generarían la energía limpia y renovable para reemplazar la electricidad con carbón de Punta Catalina”, expuso.
Alta tasa de retorno y grandes ahorros
Citó el estudio preliminar realizado por el Instituto de Montañas Rocosas, que plantea que esta inversión tendría una tasa de retorno de capital de 6.5 años que es muy rápida tomando en cuenta el volumen del capital invertido, y un ahorro en 25 años en comparación con el carbón de US$ 8,311.312,800.00, que representa 1.5 veces la inversión original que sería de US$ 5,472 millones.
Agregó que esta alta rentabilidad del proyecto como la alta calificación que posee el país como destino de inversión, transforman estos bonos en una inversión muy atractiva para los capitales internacionales.
Afirmó que este mecanismo de jubilación de plantas de carbón a través de bonos verdes se está aplicando con mucho éxito en la India. “El éxito radica en que se abandona el carbón a través de una recomposición del capital de la empresa que continúa produciendo energía pero ahora con plantas solares y eólicas, con apoyo de baterías para almacenamiento de energía”, enfatizó.
Aclaró que la empresa pública Punta Catalina emitiría de los bonos verdes, lo que quiere decir que no tendría ninguna incidencia en el endeudamiento internacional del país, y que esta empresa mantendría su naturaleza pública al no ser una venta de acciones.
Final del carbón
De León informó que la comunidad internacional ha anunciado que aportará US$ 485 millones al Gobierno dominicano para contribuir al cierre de las plantas de carbón existentes en el país, provenientes del Fondo de Inversiones Climáticas (FIC=, canalizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), US$ 85 millones, y por el Banco Mundial, otros US$ 400 millones.
Igualmente comunicó que el BID realizó recientemente un estudio que determinó la posibilidad de cerrar las plantas de carbón en el país, descartando por completo la posibilidad de reconvertirlas a gas natural.
“Nuestra discrepancia con este estudio del BID es que sitúa el cierre de Punta Catalina para el año 2040, cuando se puede anticipar esta jubilación mucho antes mediante el mecanismo de los bonos verdes para sustituir la electricidad producida con carbón por energía solar y eólica, eliminando la gran contaminación que emite Punta Catalina que debe ser una prioridad del Gobierno”, opinó.
En el acto expuso también la profesora Virtudes Martínez, de la Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, quien explicó los impactos de la contaminación de Punta Catalina detectados por el estudio contenido en el libro puesto en circulación.
Estuvieron presentes además la militante climática, Clary Esther Sosa; la profesora Ysabel Tompson y el ambientalista, Víctor Souffront, todos dirigentes de la Coalición Ambiental del Este.
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