República Dominicana ha logrado avances en la persecución del delito de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, sin embargo, todavía mantiene serias debilidades en el manejo de estos casos.
Una de ellas es el porcentaje de condenas, pues apenas el 30 % de los casos que son denunciados logran esa decisión final, conforme un estudio que al respecto hizo la Misión Internacional de Justicia (IJM).Se trata del “Estudio sobre el desempeño del sistema público de justicia en el tema de trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 2010-2022”, que abarca la revisión de expedientes y casos que entraron a unas 22 fiscalías de igual número de provincias priorizadas para la investigación.
El organismo no gubernamental hizo una revisión de los casos que llegaron al sistema de justicia en los últimos doce años, y analizó el manejo de los mismos, tanto a nivel policial como del ministerio público.
De 98 casos registrados en ese tiempo, en 87 se logró un arresto de los involucrados, pero solo en 70 hubo acusación. Los que tuvieron condena, fuera con juicio o proceso abreviado, sumaron apenas 30 casos.
“Según la revisión de archivos fiscales, se logra un arresto en el 86.7 % de los casos, se deposita una acusación formal en contra del imputado en el 71.4 % de los casos y hay un juicio de fondo en el 33.7 % de los casos. Se lograron condenas en el 30.6 % de los casos”, señala el estudio de IJM.
Mala administración de los casos
Otro hallazgo que destaca es la brecha existente entre los casos que llegan a la Policía Nacional y los que registra el Ministerio Público.
Indica que para el periodo 2018-2021, el Departamento de Trata y Tráfico (DTT) de la Policía Nacional trabajó 89 casos que calificó de explotación sexual y comercial o trata de personas, pero el Ministerio Público solo tiene registro 61 casos en igual periodo.
El total de casos trabajados en los últimos 12 años fue de 130 en la Policía y 98 en el Ministerio Público. Los investigadores resaltan el hecho de que ambas instancias aumentaron el volumen de casos de este tipo de delitos. La DTT de la Policía pasó de 0 registros en el periodo 2010-2013, a tener 41 casos entre 2014-2017, y otros 89 entre 2018-2021.En el caso del MP pasó de ocho casos entre 2010-2013 a 29 en el periodo 2014-2017 y a 61 casos entre 2018-2021.
“El hecho de haber encontrado menos casos en el MP sugiere que los datos de la revisión de expedientes fiscales pueden estar sesgados a los casos que llegaron a procesarse en los tribunales, ya que estos expedientes contendrían mayor documentación”, dice el estudio. Pero advierte que todo análisis de por qué la brecha existe es teórico, “ya que ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional cuentan con un sistema que administra estos datos de manera confiable a nivel nacional. Por ende, es imposible seguir los casos de inicio a fin”.
Sigue diciendo que, “además de no tener un sistema que administra datos a nivel nacional, la investigación de campo reveló inconsistencias y carencias dentro de las instituciones en cuanto a su propia gestión documental. Cada fiscalía es distinta en su forma de archivar y organizar expedientes”.
Luego señala, entre otras cosas, que “con tantas inconsistencias, fácilmente se pierden datos esenciales del caso o se pierden expedientes enteros, perjudicando la calidad de los datos que se pueden generar”.
De la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Persona señala que solo tenía 11 casos registrados que cumplían los criterios, lo que entiende es un número muy pequeño para ser una unidad especializada.
“Según diferentes autoridades, puede ser que una administración anterior de la PETT envió expedientes a las fiscalías donde los delitos se cometieron, pero cuando el equipo de recolección fue a estas provincias no encontró dichos expedientes”.
La investigación del IJM encontró que en los procesos penales de trata y explotación sexual hay tres principales cuellos de botella, los que inciden en que esos casos tengan una media de tiempo de duración de 574 días, entre el inicio del caso y la sentencia.
Señala que el tiempo entre la audiencia preliminar y el juicio de fondo involucra más del 40 % del tiempo total de los procesos. El otro cuello ocurre por el tiempo entre la audiencia de medida de coerción y el depósito de la acusación, involucrando más de un 25 % del tiempo total del proceso; luego, el tiempo entre el depósito de la acusación y la audiencia preliminar, que es de casi el 25 % del tiempo total.
“Estos tres cuellos de botella sumados representan más del 90 % del tiempo total del proceso penal, lo que significa que mejoras en estos tres elementos tienen el potencial de impactar grandemente la prontitud de la respuesta del sistema público de justicia. En especial, se podría enfocar en eliminar atrasos debidos a fallas administrativas como la notificación de las partes, no traer al imputado al tribunal, fijación de fecha de audiencia, entre otros”.
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