Los fiscales tienen a cargo la investigación penal en representación de la sociedad, sus componentes, al igual que los jueces, deben ser capaces y de una alta moralidad , racionales y objetivos.
De esos desempeños, con el apoyo del Poder Ejecutivo y el Legislativo, depende en gran parte que los ciudadanos decentes no sigan perdiendo la confianza en las instituciones, por lo que hay ver qué en realidad sucede, para buscar la manera más expedita de retomar la credibilidad perdida. Los hechos lamentables acaecidos en los últimos tiempos han encendido la alarma, debilitando la vocación democracia como sistema representativo.
En medio de mares revueltos, la politiquería y el populismo se aprovechan, exigiendo cambios a una velocidad utópica, sin conectarse con la razón, cuando la pandemia aún no se marcha y surge una guerra en Europa. Por eso los gobiernos, con las limitaciones de cada época, deben avanzar en impulsar la prosperidad económica y la reducción de las desigualdades, para paliar situaciones de violencia no deseadas que lleguen a un punto de inflexión.
En el siglo XVII la gente confiaba en la élite, buscando aprender, dejándolos juzgar las cosas en nombre de la población. Ese mundo ideal donde individuos con dones especiales y el dominio de la palabra y los números, ofrecían una versión de la realidad donde la gente estaría de acuerdo, ya no existe, por eso el sistema decimonónico de conducción del Estado debe cambiar su noción de “botín de guerra”, cuando un partido político gana las elecciones cada 4 u 8 años, a veces por más tiempo. De ahí han surgido ministros, jueces y generales imperfectos.
El escenario actual exige de una planificación estratégica integral que evite traumas y frustraciones, carne de cañón de sectores que buscan el caos para sacar provecho electoral y personal, sin saber el peligro que corremos todos con ese tipo de “ruleta rusa moderna”.
En este nuevo proceso, se está intentando retomar la importancia de la capacitación, educación y entrenamiento de unas fuerzas policiales como las nuestras, que por “orden del poder político de entonces” cumplieron la misión encomendada luchando contra el comunismo en combates de baja y media intensidad, siendo sorprendidas en este milenio por las amenazas emergentes, como el narcotráfico y el crimen organizado, lo que se ha empeorado conectando con la “cultura de la corrupción”, extendida a sectores inimaginables, abriendo brechas para malos manejos presupuestarios del Estado, utilizando la complicidad del poder con el soborno como su arma silenciosa.
Con la policía, las autoridades deben corregir el rumbo estratégico. Las asesorías de los “nuevos teóricos” en el ámbito de la seguridad ciudadana, reconociendo la buena intención , se podrían comparar con un “policía”, pero en una cómoda habitación con aire acondicionado, participando desde su ordenador en el proceso de persecución de un ladrón peligroso y armado, pero sin la intervención del riesgo real, y sobre todo, sin conocer la discrepancia entre la realidad virtual y la realidad material, al no haber vivido ese tipo de experiencias.
En este escenario, la prensa nacional y las redes sociales, aunque estas últimas a veces se utilizan para fines perversos, han permitido descubrir serias debilidades procedimentales que se mantenían como un submarino debajo del agua, comenzando por una policía sin la preparación para enfrentar la delincuencia del milenio, violando a veces, sin ser su intención, derechos fundamentales, con el fin de preservar sus propias vidas de antisociales cundidos de fichas policiales. Es indispensable que el policía sepa manejar el debido proceso desde el principio, con el trato correcto al ciudadano, el uso de la fuerza, empleo de armas no letales y formulando los expedientes, subordinados al Ministerio Público, para que los casos no naufraguen en los tribunales, a veces, manejados por jueces y fiscales tentados por la corrupción.
Nuestros policías, en su mayoría hombres y mujeres trabajadores y honrados, que arriesgan sus vidas defendiendo la ciudadanía, deben contar con una supervisión y orientación permanentes, no se les puede exigir un desempeño eficiente, cuando perciben que sus superiores, con los que cuentan cuando salen a las calles, se sugestionan con las redes sociales .
Eso crea el temor de que una actuación correcta se pueda tergiversar en medio de críticas que ralentizan estos delicados procesos que, bajo la égida de un Estado institucional, el juez y el fiscal utilizan al policía como su herramienta valiosa para el logro de los fines que espera la sociedad.
De pronto, a los políticos y tecnócratas les ha tocado el manejo de casos que eran propios de los escritorios militares o policiales, donde por ejemplo, el ministro de Interior y Policía, era una mera figura decorativa del gabinete, siendo el jefe de la policía quien despachaba directamente con el presidente de la República los asuntos propios hasta del Ministerio Público.
Ahora, el Estado dominicano se encuentra con el gran desafío de pasar la antorcha del uniforme al ministro capaz y a la toga impoluta, para lo cual el poder civil debe contar con los elementos virtuosos y talentosos, fuera de la óptica partidista, para que ocurra el cambio al verdadero Estado social democrático y de derecho, que junto a una economía próspera creará el escenario para mantener la paz, y el orden, velas del buque del desarrollo sostenido.
La ley y la seguridad pública tienen que estar sintonizadas con la agenda nacional, focalizadas en el bien común y el faro de la institucionalidad, estando conscientes de que no se puede pensar que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, y más con un personal legal y policial que aún no está del todo preparado, motivado, ni equipado para los grandes retos del milenio.
Lo que procede es, con el presidente de la República navegando como avezado timonel, apoyado en la sociedad, la continuación de un proceso de reestructuración policial con visión, racionalidad y valentía, refrendando con hechos en vez de palabras.
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