El retraso, la negativa al pago a desalojar viviendas y otros inmuebles alquilados desde hace años, está provocando conflictos entre sus propietarios e inquilinos en Santiago y otras provincias.
Abogados explicaron que hace 10, 15, 20, 30 años y más, muchas personas rentaban inmuebles sin contratos jurídicos.
Indicó que esas personas comenzaron los alquileres con bajas tarifas de pago por rentas y que cuando los dueños tratan de aumentarlas, no solo se niegan a pagar, sino que no quieren desalojar y para hacerlo exigen determinada cantidad de dinero.
Tal es el caso de Miguel Rodríguez que dice que alquiló una casa en Cienfuegos a un hombre hace 30 años.
Sostuvo que el individuo tiene un colmado y que él se la está pidiendo para repararla, pero que el inquilino le está exigiendo una suma de dinero que no está a su alcance para desalojar.
Explicó que comprende que cometió el error de no hacer un contrato vía un abogado y que por eso trató de negociar ofertándole 100,000 pesos, pero que pide más.
Casos similares son contados por muchos propietarios de inmuebles.
Tal es el caso de una inmobiliaria que compró un solar para construir un edificio de apartamentos y oficinas en el sector Jardines Metropolitanos, pero el terreno lo tenía alquilado un señor que operaba un lavadero de vehículos, quien aparte de que dejó de pagar las rentas alegando que no hizo negocio con los compradores, sino con los vendedores, para lograr que desaloje el lugar, hubo que cederle mediante acto notarial, una de las oficinas.
Hay alguna mejoría
El abogado Porfirio Matías dijo que ahora la situación ha mejorado bastante, pero que todavía en los tribunales se ventilan casos relacionados a conflictos de alquiler de inmuebles establecidos años atrás.
Significó que ahora los contratos de rentas de viviendas, locales y oficinas se hacen con actos firmados por notarios y casi siempre es por un año o dos, pero con la opción de ser renovados.
Asimismo, expresó que el propietario no tiene que cobrar las tarifas mensuales de las rentas, porque de eso se encarga el abogado.
Explicó que cuando el inquilino se retrasa con un mes se le da un plazo, pero cuando llega a dos meses, se le advierte que debe ponerse al día con el pago, para evitar ser desalojado.
A los tres meses de atrasos le envía un acto de alguacil y si no responde se rescinde el contrato y tiene que ponerse al día o desalojar, porque el acuerdo así lo establece.
Indicó que muchos de los morosos cuando se les envían las intimaciones jurídicas se preocupan y pagan, pero que cuando se vence el contrato no se los renuevan.
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