En el perfil que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Adminstrativa (Pepca) le construyó a Alexis Medina Sánchez, principal imputado en el caso Antipulpo, se recalca una cosa: utilizó el poder de su hermano Danilo Medina para “beneficiarse” de sumas millonarias a costas del bolsillo público.
Según los fiscales, Alexis Medina utilizó a “título personal” la presidencia de su consanguíneo para favorecerse de las operaciones que realizaba a través de sus empresas con varias instituciones estatales.
Tanto así, que llegó a emplear la presidencia del país como un “escudo” para realizar esas supuestas maniobras fraudulentas, con las que formó un entramado societario que distraía fondos del patrimonio público.
Esto se evidenció, según los fiscales, en uno de los allanamientos realizados al imputado, donde le fue incautado un portanombre de escritorio con el escudo nacional en la parte superior y debajo el texto “Lic. Juan A. Medina Sánchez”.
Cuatro meses después de que su hermano se sentara en la silla presidencial, Alexis Medina firmó un contrato con el que se comprometió personalmente “a realizar gestiones de comercialización, promoción y desarrollo de actividades relativas a la compra y contrataciones de bienes y servicios para instituciones del Estado dominicano, así como dependencias autónomas”.
Esto a sabiendas de que el artículo 4 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones establece que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado “los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición”.
Los fiscales indican que no había forma de que se garantizara el cumplimiento de esta ley “con un hermano del presidente de la República merodeando las instituciones públicas en calidad de promotor y gestor de negocios a cambio de un 40% de los beneficios”.
La corrupción: “política estatal”
Las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que las presuntas acciones delictivas de la organización criminal que dirigía Alexis Medina afectaron a instituciones como Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
A esta lista se agregan el sistema de energía eléctrica del país, a través de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS); la seguridad vial; el orden socio económico, y las elecciones de los aós 2016 y 2020.
Según los fiscales, desde las distintas instituciones estatales se gestó un “proceso de normalización de la corrupción” para distraer activos al patrimonio del Estado de los contribuyentes.
La principal “fuente” de la señalada corrupción fueron las numerosas licitaciones supuestamente adulteradas, ya que en ningún caso las empresas de Juan Alexis Medina fueron seleccionada previamente a participar en el proceso.
No obstante, “todos los casos obtenían informaciones previas y la mayoría de las veces se ejecutaba el proceso sin tener las características que requería el procedimiento aplicado”.
El Ministerio Público enumera dentro de las principales acciones que evidencian la corrupción administrative: las licitaciones por urgencia, las falsificaciones de documentos públicos, las cubicaciones adulteradas, las sobrevaluaciones de hasta un 90%, el uso de testaferros y las nóminas adulteradas.
Asimismo, en varias de estas instituciones fueron desvinculados servidores públicos que a juicio de la presunta red criminal eran un “obstáculo” para su expansión económica.
Los fiscales subrayan que la red desplegó “técnicas ordinarias y especiales” a través de la estafa, falsificaciones, desfalco, coalición de funcionarios, financiamiento ilícito de campañas electorales y lavado de activos.
Riquezas injustificadas
De acuerdo con el expediente, Juan Alexis Medina tuvo un ascenso económico injustificado por vías legítimas, ya que pasó de ser un “pequeño negociante con mala reputación” a un exitoso empresario con millones en los bolsillos.
“La investigación demuestra el ilícito crecimiento económico de la organización criminal de la que actuaba como gerente operativo el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, quien no era un empresario, ni un emprendedor y que, de hecho, había llevados a la quiebra los pocos emprendimientos que había iniciado”, se lee en el documento.
Juan Alexis Medina era “omnipresente” en las contrataciones de las instituciones estatales en las que intervino.
Según el Ministerio Público este crecimiento fue posible gracias a “acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez”.
“Se crearon las condiciones para construir un entramado societario que impactó de manera negativa los principales indicadores de desarrollo de República Dominicana”, continúa la acusación.
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