El ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper), Fernando Rosa, enviado a prisión por tres meses por su implicación en el caso de la Operación Anti Pulpo, busca obtener su libertad mediante un recurso de apelación.
El recurso fue interpuesto por Rosa, por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a través de su equipo de abogados encabezado José Miguel Minier e integrado por José Geovanny Tejada y Nelson Miguel Peralta Fernández.
Ahora corresponderá al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, Julio César Cano Alfau, designar a una de las tres salas penales de la Corte de Apelación para que conozca el recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el juez del juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, José Alejandro Vargas.
En la instancia, pidieron al tribunal que resulte apoderada el recurso de apelación, para revisar la medida de coerción de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal.
Asimismo, solicitan al tribunal rechazar la imposición de prisión preventiva como medida de coerción y ordenar la libertad pura y simple de su defendido.
Sugieren, además, que en su defecto se aplique una menos gravosa previa declaratoria de inconvencionalidad de la aplicación o interpretación del todo o parte de las disposiciones de los artículos 227, 229 y 234 del Código Procesal Penal, “referente a la prisión preventiva del imputado, por ser violatorios a los principios de proporcionalidad, presunción de inocencia dispuestos en la Constitución y el bloque de constitucionalidad, al convertir dicha medida de coerción de prisión preventiva en una pena anticipada”.
“Nosotros estamos sometiendo el recurso de apelación ante el calvario que sufre Fernando Rosa de una manera injusta, sin fundamentos y con falta de motivación de la decisión impuesta en su contra, para que la Corte de Apelación pueda subsanar los errores de arbitrariedad y abuso de poder que cometió el magistrado Alejandro Vargas”, acotó Minier.
Explicó que el procedimiento se fundamenta en cinco elementos puntuales entre los citó el grave vicio de la omisión de estatuir y con ello, la violación al derecho de defensa con lo que infringe el artículo 69 de la Constitución Política.
Argumentó que el escrito de reparo cautelar, que fuera depositado por Fernando Rosa para contestar cada una de las falacias, mentiras y subjetividades presentadas por el Ministerio Público, no fue valorado ni lo menciona en su sentencia el juez de la instrucción.
Señaló que otra gravedad de la sentencia consiste en que se sustenta en unos motivos “insuficientes, vagos, imprecisos e incompletos” que no justifican el dispositivo y que violan el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 24 del Código Procesal Penal, además de que desconoce el precedente del Tribunal Constitucional en cuanto a la debida motivación de las decisiones jurisdiccionales.
“Llamamos a la sociedad civil a que preste atención a este caso porque es una violación a todos los derechos civiles y políticos, a los derechos fundamentales logrados a partir del siglo 18 con el costo de tanta sangre y vidas humanas, pero que nos estamos retrotrayendo prácticamente a la Edad Media y a la inquisición en pleno siglo 21”, afirmó Minier.
En torno al caso demás fueron enviados a prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Igualmente, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Asimismo, el juez dispuso arresto domiciliario en contra de Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes deberán cumplir tres meses de arresto domiciliario, con un brazalete electrónico y bajo vigilancia del ministerio público.
Respecto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, también deberá cumplir arresto domiciliario, con impedimento de salida del país, tras acoger una solicitud del ministerio público en ese sentido.
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