La semana que inició con el “ruido de Inapa” y las denuncias del Gabinete Social, entre otras noticias nacionales, concluyó con la visita del Presidente Abinader a las dos organizaciones políticas principales, PLD y FP, incluyó una aliada táctica minoritaria en la pasada campaña, AP:
Esos encuentros fueron bien recibidos por la población.
El Ejecutivo, además al tema migratorio, dejando clara su política para nuestros vecinos de Haití –permiso de trabajo y retorno–, lo que implica que las autoridades deben aplicar las leyes de migración a los ilegales –y empleadores-, puesto que tras la sentencia 168-13 para su regularización, hasta se dictó una ley.
En relación con los latinoamericanos que han sido más generosos con nuestro país a lo largo de la historia, los venezolanos, dijo que podrán trabajar en el país mientras permanezca la situación actual en Venezuela, esto implica la toma de dos decisiones –independientes- a cargo de los ministerios de Interior y Política y de la Cancillería.
Trabajar, para los 35 mil que residen en el país sin permiso requiere de una residencia temporal, por lo que siguiendo las instrucciones verbales del Presidente de la República, el Ministerio de Interior debía iniciar el proceso de recibo de la documentación de estos en el país – como se hizo con los haitianos-, pues en este momento los papeles –en una medida absurda– se tienen que ir a depositar personalmente en Caracas, con un costo enorme –algo de corrupción– y actualmente, imposibilidad de viajar. Tener que llevarla es un proceso engañoso de deportación puesto que no pueden regresar hasta que los procesen, si los aprueban y así hay cientos de familias separadas por matrimonios mixtos de dominicanos (a) y venezolanos (o) desde diciembre.
Lo expresado por el Presidente va más allá en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales de las personas, deber de un Estado Social y Democrático de Derechos, como nos declara nuestra Carta Política, puesto que sin documentos al día, a esas personas, no les abren una cuenta en el banco, no pueden sacar tarjetas de crédito, ni les venden un seguro médico, no disponen de licencias de conducir, ni pueden buscar el auxilio de la justicia o la protección de la Policía Nacional, cuando les abusan: son muertos cívicos.
Hizo bien el Presidente, empero esa es “todavía” una declaración de política pública que debe ser contenida en un decreto o en una resolución del Ministro de Interior con el correspondiente acto administrativo en virtud de la Ley 28504, con el simple dispositivo: Se ordena a la Dirección General de Migración recibir – y procesar - los documentos para fines de residencia temporal de los ciudadanos venezolanos que a la fecha se encuentran en el país.
Por suerte el Ministro de Interior, Chu Vásquez, conoce el tema mejor que nadie pues fue cónsul dominicano en Caracas cuando había allí 180 mil dominicanos residiendo: Hora de ser recíproco.
El caso de los que –estando en Venezuela- desean emigrar hacia acá, es cuestión del Ministerio de Exteriores al que no me referiré puesto que ahí no hay violación a derechos fundamentales sino el ejercicio –aunque malo– de un derecho soberano que puede imponer el visado en ejercicio del principio de reciprocidad y, para el tema de los venezolanos que vienen a vacacionar, lo dejaré al Ministro de Turismo, quien debe ponderar la conveniencia del visado que fue impuesto el 16 de diciembre sin previo aviso.
Otra cuestión concluida esta semana fue la aprobación del Presupuesto complementario que contiene forzosamente, por una caída de los ingresos, un indeseado componente de endeudamiento público para mantener el los servicios del Estado; ahora el Gobierno dispone –aunque limitada- de su primera pieza –esencial- para enfrentar los compromisos públicos y reordenar sus políticas de recuperación y desarrollo, veamos cómo las ejecuta, observemos cómo algunos funcionarios pasan de las denuncias y propuestas, al momento –intimidante- de ordenar un libramiento.
La política de información pública de persecución y prevención de la corrupción, es obvio que tiene aterrados a los ex funcionarios del PLD –incluso a los pocos honestos-, pero igual tiene “muertos de miedo” a los nuevos, quienes sin experiencia, saben, que en el país, incluso quien hace todo correctamente, puede ser denunciado como corrupto: Porque es un deporte y un negocio lucrativo de chantaje mediático y judicial en que hasta oficinas de abogados se organizan para eso: Tener atemorizados a sus funcionarios pueden contenerlos, controlarlos, pero igual puede hacerlos menos eficientes, pues en un país subdesarrollado con instituciones débiles, quien no se arriesga, no hace nada, no trabaja, se dedica exclusivamente a cobrar un sueldo y, eso sería lastimoso.
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