SANTO DOMINGO.-Escándalos en la Policía Nacional, la dirección general de Aduanas, protestas y enfrentamientos que han matizado inauguraciones de obras con la presencia del presidente Danilo Medina, abrieron la puerta a lo que será la última semana de reinado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras haber gobernado el país durante 16 años seguidos y 20 de los últimos 24.
El pasado viernes, la ya precaria imagen y credibilidad de la Policía Nacional volvió a verse comprometida cuando uno de sus oficiales, en una acción inédita para el país, se vistió de sacerdote para mediar y poder llegar hasta un secuestrador que mantenía de rehenes a un bebé y a su madre, dentro de la casa de las víctimas, en Cotui.
Desde entonces las críticas y censuras llueven contra el referido procedimiento policial, ya que el oficial terminó ejecutando al secuestrador, cuando incluso puede apreciarse en los videos que el sujeto ya se había despojado del arma de fuego que portaba.
No conforme, y apenas 24 horas después, la propia institución del orden protagoniza un acto de barbarie, cuando en un audiovisual que “inundó” las redes sociales se pueden ver a varios agentes de la Policía dando latigazos de forma inclemente a un joven que no solo ya está sometido a su merced, sino que el desdichado, que acusan de ladrón (sin la sentencia de un tribunal), aparece con los brazos atados a su espalda.
Lo cruel y despiadado de la escena fuerza una reacción relámpago de las altas instancias policiales, anunciando la suspensión e investigación de los cuatro policías que figuran en el video agrediendo físicamente al presunto antisocial, a quien se ve gritando y gimiendo como niño mientras recibe la descarga de dolor.
Como en cascada, casi al mismo tiempo, surge el escándalo de la liquidación, en un aparente acto de exclusividad y privilegio, del asistente administrativo del director general de Aduanas, quien carga con casi 3.4 millones de pesos sin aun haber cumplido cuatro años en el cargo, del que se ignora el rendimiento de sus funciones.
Queriendo contrarrestar las imparables y encendidas críticas de muchos que vieron la acción como un hecho bochornoso, la dirección general de Aduanas explicaba horas después que la entrega de RD$3,393, 747,68 por concepto de la liquidación a Guarocuya Francisco Batista Kunhardt, es un acto lícito, amparado en la ley y en las normas internas de la DGA.
Se desconoce si el mismo organismo, en este período de cierre, ha entregado liquidaciones a otros empleados o funcionarios que, al tenor de los propios argumentos de las autoridades de Aduanas, merecerían igual trato que el señor Batista Kunhardt.
Las inauguraciones “a la carrera” de obras de infraestructuras, algunas de las cuales sin estar debidamente concluidas, han encontrado episodios desagradables para el gobierno, empañando el tramo final de una gestión de ocho años del presidente Danilo Medina.
Fue el caso de la inauguración, al parecer al vapor, de la controversial terminal de autobuses levantada en las inmediaciones del Parque del Este, cuyo acto estuvo matizado por protestas de quienes se oponen a que fuera construida allí y fuertes enfrentamientos de manifestantes contra militares y policías.
El lugar estuvo “minado” de policías y militares desde tempranas horas de la mañana de ese día (el pasado viernes), se hizo un cerco en todos los alrededores, restringiendo el paso por las vías de acceso al lugar, dando daba la apariencia no de una inauguración sino del preludio del inicio de una batalla campal.
EL TEMA DEL ASFALTO
A pedido de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Dirección de Contrataciones Públicas ha revelado recientemente la comisión de irregularidades en los procesos que se hicieron para contratación de asfalta por parte del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión Gonzalo Castillo, quien luego se convirtiera en candidato presidencial del PLD.
Según la publicación de Contrataciones Públicas, realizada en su portal web, los procedimientos excepcionales para compras de hormigón asfáltico por parte de Obras Públicas, en el 2019, “no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas”.
Entre los proceso omitidos se cita que el MOPC no publicó los requisitos que debían cumplir las empresas contratadas, ni realizó una convocatoria previa como garantía de participación de todos los proveedores de hormigón asfáltico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario