El engrosamiento del gobierno dominicano a lo largo de los últimos cuatro cuatrienios no tiene precedentes en la historia de nuestro pueblo.
Si bien la expansión estatal es la norma en un sistema clientelar como el que predomina en nuestro patrio lar, la que tomó lugar dentro del marco del predicho período sobrepasó el rango de lo normal. Tanto así que el nuevo gobierno oficial ha tenido a bien diseñar un régimen para adelgazar la estructura gubernamental.
Entre otras cosas, dicho régimen parece incluir una especie de cirugía bariátrica en la etapa inicial. La misma consiste de medidas para achicar o, simplemente, cercenar ciertos tentáculos del andamiaje institucional. Los primeros en la lista son los tentáculos del FONPER y la OISOE. Asimismo, el Despacho de la Primera Dama parece que será achicado y los dineros ahorrados se destinarán a rubros de mayor prioridad. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores parece estar bajo un proceso de evaluación para eliminar, vía radiación o extirpación, tumores en el servicio exterior que operan en detrimento de la salud fiscal de nuestra nación.
Entre las numerosas fuentes que validan el crecimiento desmesurado del Estado, cabe destacar el informe “Autopsia fiscal” publicado en septiembre de 2019 por Oxfam. En el mismo se puntualiza que la proporción del empleo público respecto de la fuerza laboral de RD es de 32%. Esta cifra nos coloca como el tercer país de América Latina con mayor cantidad de empleos públicos por número de habitantes, con un crecimiento promedio anual de la nómina pública de 5.2%, frente a un 1.8% en el crecimiento de los empleos generados en el sector privado. En otras palabras, partiendo de las revelaciones de este informe, en República Dominicana la nómina publica aumenta a un ritmo que casi triplica la dinámica de crecimiento de la nómina del sector privado.
Traduciendo estos porcentajes al lenguaje de pesos y centavos, en su estudio, Oxfam señala que nada más en lo que tiene que ver con los salarios a empleados del gobierno central, el gasto se duplicó en los primeros seis años de la gestión de Danilo Medina. Pasó de RD$89,142.1 millones en 2012 a RD$189,459.8 millones al cierre del 2018. Sin dudas, cuando se le pase revista al año fiscal 2020, veremos que esa cifra habrá crecido significativamente, no solo por el tema de la pandemia, sino también por el derroche de dinero público dispensado en la campaña presidencial del candidato del ex partido oficial.
De un modelo clientelar a uno de meritocracia integral
A diferencia del PLD, el PRM llegó al poder por primera vez sobre las ruedas de su propia fuerza y no necesariamente gracias a las alianzas políticas que pudo conformar durante la campaña electoral. Este particular le da una oportunidad excepcional al nuevo partido oficial para cambiar el modelo de gobernar a uno más meritocrático y menos clientelar. En ese sentido, de hecho, el presidente Abinader ha arrancado con buen pie en lo que atañe a la calidad de sus nombramientos, los cuales, en la gran mayoría de los casos, han sido meritocráticos. Es decir, que, para los diferentes puestos, el presidente ha designado a personas cuya preparación y trayectoria se corresponden con la naturaleza del trabajo que, desde los respectivos ministerios, desempeñan.
De su lado, el PLD, por las condiciones en las cuales llegó a la presidencia y por la falta de voluntad política de los líderes que encabezaron sus gobiernos, no moduló el sistema clientelar. Por el contrario, los morados solidificaron el clientelismo, abultando la nómina gubernamental para cumplir con compromisos políticos que le adeudaban a los que los ayudaron a llegar y a mantenerse en el poder en las campañas de 2004, 2008, 2012 y 2016.
En 2004, por ejemplo, el PLD forjó una alianza con los reformistas, los cuales le dieron a Leonel Fernández la oportunidad de despojarse del título de “come-solo” que le confirieron en el 1996. Al Fernández tomar el poder por segunda vez, no los defraudó. Nombró al Sr. Carlos Morales Troncoso como Canciller y este, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, colocó a sus correligionarios en puestos de trabajo tanto a nivel nacional como internacional.
Cuando Danilo Medina salió electo en 2012 su gente pasó a ocupar las posiciones de más alto perfil, como es natural. Sin embargo, a los colaboradores de Leonel hubo que continuar sacándole su plato aparte, aunque fuera en calidad de ministros sin cartera, como fue el caso de Franklin Almeyda Rancier.
En 2016, Danilo Medina forjó una alianza con Miguel Vargas Maldonado del PRD. Al salir electo, lo nombró como Canciller. En el cargo, Vargas Maldonado procedió, como Morales Troncoso en su momento, designando a compañeros de su partido a diestra y a siniestra a través del Ministerio. Además del MIREX, fruto de la alianza, Danilo Medina le entregó al PRD la dirección de la Autoridad Portuaria y del Instituto Dominicano de Servicios Sociales.
Lo problemático de todo esto no fueron las alianzas en sí. En cambio, el pecado estuvo en que a medida que Leonel Fernández y Danilo Medina otorgaban instituciones gubernamentales a sus aliados, no cancelaban a miembros del PLD. Simplemente los reubicaban, ensanchando así la nómina pública e incrementando, consecuentemente, los gastos corrientes a los niveles exorbitantes que en su informe Oxfam prevsenta de manera clara y contundente.
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