La aparición en China el pasado diciembre de la pandemia del Covid-19, y que desde entonces azota a todos los países del planeta con secuelas de muertes e infectados, disminuyendo significativamente la producción mundial, el comercio sensiblemente afectado y generando el desplome de las actividades recreativas, culturales y deportivas, plantea un escenario político nuevo que obliga a los liderazgos mundiales, regionales y locales a la consecución de un Pacto Político, más allá del Coronavirus para hacer frente a los problemas estructurales y coyunturales.
República Dominicana, a propósito de la asunción de una nueva administración gubernamental el 16 agosto, tiene la oportunidad para que el nuevo presidente, Luis Abinader, aproveche todo el aval político de que dispone para impulsar un acuerdo que involucre a las iglesias, los empresarios, las centrales sindicales, los partidos políticos y las organizaciones de base, a los fines de discutir estrategias claras para la gestión de áreas de la vida del país que la pandemia lo que ha hecho es desnudarlas con crudeza.
A partir de la propuesta planteada por el presidente electo, asumida por otros líderes políticos y la sugerencia de Listín Diario para la realización de una Cumbre contra el Covid-19, el momento plantea la pertinencia de revertir la crisis y crear escenarios para una agenda que garantice la gobernanza en los próximos años, con la definición de ejes en las áreas económica, social e institucional, de manera que la nación se coloque por encima de la circunstancia.
República Dominicana tiene que ver esta pandemia como lo que es: una gran crisis de dimensiones estructurales y de coyuntura que debe ser afrontada con la visión de fortalecer una cultura de negociación, como hicieron en el pasado algunos países después de escenarios de guerra. Es el caso de Alemania después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
El Coronavirus no solo ha dejado al descubierto la inequidad consuetudinaria del sistema de salud en la República Dominicana y otras naciones del continente, sino que profundizó la deficiencia de ese servicio, lo que se evidencia en el colapso de los hospitales públicos y los laboratorios para llevar a cabo pruebas de COVID-19 a una cantidad cada día mayor de pacientes que acuden desorientados a buscar ese servicio. Lo de la hospitalización de los afectados es otra historia que cuentan con amargura los pacientes.
Hay que seguir los criterios de los expertos a nivel mundial, pues según ellos cada día las sociedades tendrán que lidiar con enfermedades desconocidas, para lo cual hay que crear muros de contención en los sistemas sanitarios con los que el país no cuenta.
Otro tema de la agenda para la firma de un Pacto Político tiene que ver con el ámbito laboral. La crisis estructural que tradicionalmente afecta a ese sector, vino a empeorar con la emergencia de la pandemia que puso fuera de la actividad productiva a más de un millón de empleados de empresas privadas, que viene a sumarse al 14 por ciento de desocupados que tenía el país antes de la pandemia.
El panorama para los empleadores, la otra cara de la moneda, no luce nada halagüeño: el comercio, las pequeñas y medinas empresas y la industria han tenido que someterse a un plan de desaceleración de sus actividades productivas con lo cual suspendieron 1,1 millones de trabajadores cuya situación laboral aún está en el limbo para buena parte de ellos.
Las empresas tienen los mismos compromisos que asumieron antes de la presencia del virus. La cesantía es un costo que tampoco estaba en los cálculos empresariales.
Por otro lado, no son pocas las empresas y negocios que no podrán abrir nuevamente sus puertas, traduciéndose en un incremento de los desocupados, pobreza, desigualdad y criminalidad.
Zona Franca, bares, hoteles y restaurantes por solo citar algunos de los vinculados con el sector turístico representan casi 500 mil trabajadores, de los cuales el 90 por ciento está incluido en las cifras de suspendidos, más arriba citada.
Antes de la pandemia, el país contaba con 4,7 millones de empleados, de los cuales 2,4 por ciento corresponde al sector informal y 2,3 por ciento son trabajadores formales, conforme a las cifras del Banco Central.
El país tiene que elaborar un pacto consensuado con los representantes de los trabajadores, los empresarios, la sociedad civil y las iglesias para que la situación de crisis se rebase conforme a las conveniencias de todos, pues hay que afrontar, además, la culminación de miles de contratos de trabajo.
Aunque el actual gobierno aplica el programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para apoyar a los trabajadores formales del sector privado con una transferencia monetaria con el fin de contrarrestar los efectos económicos de las medidas para frenar el avance del COVID-19, lo cierto es que esta ayuda es transitoria, así como otros programas de mitigación aupados por la administración saliente.
La situación laboral deja de ser un tema local, pues organismos regionales llaman la atención sobre la bomba de tiempo que representa su prolongación, de modo que ya salen a relucir fórmulas para afrontarla.
La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, planteó recientemente que ante la crisis por el Coronavirus urge la adopción de un plan que asegure una protección social universal para todos los trabajadores.
Hay que tomarle la palabra a la ejecutiva de las Naciones Unidas, pues el organismo regional que dirige está observando el panorama con todo un glosario de información que tiene a su disposición sobre la región y subregión.
En el diálogo con todas las fuerzas sociales, políticas y económicas para la firma de una Pacto Político, liderado por el nuevo gobierno tendrá también que ocupar un lugar prominente en la agenda los temas económicos y sociales que generaron protestas y movilizaciones reciente.
No pocos sectores han planteado mejoras en las leyes de Seguridad Social y de Pensiones, pues al cabo de poco más de 14 y 20 años de aplicación, el país tiene claras las debilidades de una y otra, independientemente de sus virtudes.
Es cierto que la ley 87-01 de Seguridad Social logró pasar de un 20 por ciento de cobertura a un 64 por ciento aproximadamente, pero la sociedad tiene que afrontar los desafíos de la atención primaria, la transformación del IDSS, la creación de una red única de proveedores públicos, la gestión y revisión del Plan Básico de Salud, el aumento del límite de los medicamentos ambulatorios y la supervisión oficial de la medicina privada, entre otros asuntos.
El crecimiento de la economía con un promedio anual de 5,3 desde 1993 hasta 2018, de las más elevadas de la región, enfrenta retos de corto, mediano y largo plazos, que nos lleva a la mejoría del equilibrio fiscal, aumento del capital humano, la promoción de un mejor entorno empresarial, gestionar la calidad del manejo medioambiental, enfatizar la transparencia en la formulación de políticas y rendición de cuentas y potenciar la gestión del manejo de los desastres y riesgos relacionados con el clima.
En relación al renglón de las AFP no pocos expertos consideran una buena legislación, pero tiene distorsiones que frenan el crecimiento de los fondos de pensiones y reduce el monto de las pensiones de un millón y medio de trabajadores. Hay que propiciar un acuerdo que reduzca al 15 por ciento el tope de comisión, como se ha intentado en varias oportunidades.
La desaceleración de la economía a nivel global y su impacto dada la dependencia del país de las remesas, el turismo, las exportaciones de bienes y servicios y las zonas francas plantea desafíos que deben ser analizados, puestos sobre la mesa con la participación de todos los actores que inciden, de modo que nos permita adelantar pasos en la creación de medidas de impacto que puedan ser evaluadas periódicamente.
Otros ejes saldrán a la luz en una discusión que debe ser participativa, democrática y eficaz, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
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