La Corte Suprema de Brasil inició ayer un juicio que pone en duda algunas prácticas de la operación anticorrupción Lava Jato y hasta pudiera liberar a miles de presos, entre los que está el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
"Lo que se analiza no es un caso particular, sino el alcance del principio de la presunción de inocencia", aclaró al abrir la sesión el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, en aparente alusión a la situación de Lula, en prisión desde abril de 2018 pese a que aún tiene pendiente una última apelación a esa sentencia.
La corte, que prevé llegar a una conclusión después de otras dos o tres audiencias, debe decidir sobre el alcance y aplicación del artículo 5 de la Constitución, según el cual una persona no puede ir a prisión hasta que se agote todo el proceso de apelaciones.
Sin embargo, fue la propia Corte Suprema la que abrió la puerta a la ejecución anticipada de penas con una decisión adoptada en 2016, que sentó jurisprudencia y con la que autorizó la prisión una vez que una condena fuera ratificada en segunda instancia, aún cuando según la ley brasileña resten otras dos.
El argumento que primó en esa decisión, ratificada por el pleno del Supremo el año pasado, fue que existe en Brasil un "exceso de garantismo" que favorece la impunidad, pues durante el tiempo en que tramitan las cuatro apelaciones posibles se llega muchas veces a la prescripción de los delitos.
Esa tesis fue aprobada al calor de la operación Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, como Lula, pero impactó en todo el sistema jurídico al punto de que, según el Consejo Nacional de Justicia, cerca del 30 % de los 800.000 presos que hay en el país aún no tiene una condena firme.
En ese punto puso énfasis este jueves el abogado José Eduardo Cardozo, exministro de Justicia, defensor de la expresidenta Dilma Rousseff en el juicio político que acabó con su destitución y ahora representante del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) en esta causa.
"Hay quien habla de acabar con la sensación de impunidad, hay quien dice que la ejecución anticipada de pena complace a la opinión pública, pero un tribunal solamente puede pronunciarse a la luz de la Constitución", argumentó Cardozo.
En esa misma línea, sostuvo que "la Constitución usa la expresión 'tránsito en juzgado' (cosa juzgada en español), la cual significa que no quedan apelaciones posibles. Eso nos puede gustar o no, pero es lo que dice la Constitución que todo abogado jura defender".
El abogado Carlos Almeida Castro, quien a título personal apeló contra la decisión adoptada en 2016 por el Supremo, criticó el hecho de que muchos relacionen este juicio con la situación de Lula.
"Hay quien dice que esto es programado para lograr la libertad de Lula, pero cuando presentamos esta demanda, aún en 2016, Lula no estaba preso ni cerca de ir a la cárcel", declaró en la audiencia.
Según Castro, este proceso debe responder a "los miles y miles de 'clientes' tradicionales del proceso penal brasileño, que son los más pobres, los negros, los desasistidos, aquellos que no tienen voz o no pueden pagar un abogado y llenan las cárceles cuando todavía no se ha determinado del todo su culpabilidad".
En esta primera sesión, además de pronunciarse los abogados de las partes que exigen anular la posibilidad de una prisión después de una condena en segunda instancia, también presentó un relato del caso el magistrado Marco Aurelio Mello.
El juez ya causó revuelo a fines del año pasado, cuando dictó una cautelar contra la prisión tras la segunda instancia, luego anulada por el propio tribunal, y reafirmó su convicción de que la ejecución anticipada de la pena "hiere" los principios constitucionales.
Según el magistrado, quien presentará su voto formalmente la semana próxima, en la segunda audiencia, "la anticipación de la pena contraría el principio fundamental de la presunción de inocencia", que solo puede ser garantizada en su totalidad una vez que acaba por completo el proceso de apelaciones.
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