“Estamos hablando de 5.000 personas que salen diariamente, 150.000 al mes, pues aproximadamente estaríamos hablando de 5,5 millones para finales de este año”, afirmó a periodistas el coordinador del Grupo de Trabajo de la Secretaría General de la OEA sobre la migración de Venezuela, David Smolansky.
Si continúa la crisis migratoria, sin precedentes en América Latina y nunca vista en un país que no está en guerra ni ha sufrido una catástrofe natural, la cifra de personas que huyen de Venezuela “pudiese llegar a ocho millones”, agregó Smolansky.
El “Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región”, edición actualizada de un estudio presentado en mayo pasado en Washington, señala que los determinantes de la migración son el colapso económico y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos.
También lo son la crisis humanitaria, las reiteradas fallas en el suministro de servicios básicos y la violencia generalizada, que se ha cobrado la vida de más de 130.000 personas en los últimos cinco años, periodo que coincide con el Gobierno de Nicolás Maduro.
“En Venezuela, ni la violencia ni el uso abusivo de la fuerza ha sido algo que Maduro haya podido resolver. Año tras año las cifras de homicidios aumentan y no hay una actuación rápida que brinde justicia a las víctimas”, resalta el informe, que utiliza información compartida por otros países, ONG y organizaciones multilaterales.
Sobre el tema de seguridad alimentaria y salud, en Venezuela hay desde hace varios años una tendencia a la malnutrición que comenzó con el incremento de la obesidad, al tiempo que hay aún problemas de desnutrición, razón por la cual hay un fenómeno denominado “la doble carga de la malnutrición”.
El estudio también señala que más de la mitad de la población “perdió 11 kilos” como consecuencia del “deterioro de la alimentación”.
Por otra parte, el informe, que cita datos de la oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señala que al menos cuatro millones de personas han huido hasta ahora de Venezuela, lo que representa al menos el 13 % de la población total.
Colombia es el país que más migrantes ha recibido, 1,3 millones según el informe, seguido de Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000).
“Colombia ha realizado grandes esfuerzos financieros y logísticos para acoger con solidaridad y fraternidad a los migrantes venezolanos que escapan del régimen de Maduro”, manifestó el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, durante la presentación del informe.
Agregó que su país mantendrá ese esfuerzo para atender la crisis pero instó a la comunidad internacional a no ser indiferente con la situación, por lo cual espera seguir contando con “su cooperación creciente y oportuna ante necesidades cada vez mayores y acuciantes”.
Es por eso que el Grupo de Trabajo sobre Migrantes Venezolanos de la OEA pidió a los países de la región que le otorgue a esos ciudadanos el estatus de “refugiado” y solicitó la creación de una “tarjeta de identidad regional” que les permita movilizarse por el continente sin dificultades.
“Definir a los venezolanos que huyen de su país como refugiados les garantizará protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como la salud y educación, así como la oportunidad de insertarse en los mercados laborales”, subraya el estudio.
La “tarjeta de identidad regional”, explicó Smolansky, busca facilitar “el desplazamiento de los migrantes y refugiados venezolanos por América latina y el Caribe”.
“También en nuestras recomendaciones hacemos un llamado a los miembros permanentes y también observadores a no hacer una ninguna deportación de venezolanos que lleguen en condiciones vulnerables, sin antecedentes penales ni haber cometido delitos en los países receptores”, manifestó el coordinador del Grupo de Trabajo.
El informe también denuncia que tras el fallido levantamiento del pasado 30 de abril promovido por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente “interino” de Venezuela por más de 50 países, fueron detenidas 327 personas en dos días.
En total son 356 los “presos políticos” que hay en el país caribeño, añade el informe.
Desde que Maduro desconoció la autoridad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en julio de 2017, un total de 67 diputados electos han sido víctimas de persecución política por acusaciones de “traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, asociación para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes”.
Ante estas violaciones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo pone como principales desafíos para atender la crisis migratoria que se reconozca los derechos a la identidad, la salud, la educación y al trabajo de los migrantes, así como otorgarle “una dimensión global” a la situación de Venezuela.
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