Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos 17,637 teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.
Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado la semana pasada por el espionaje develado contra la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
El año pasado los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste conocieron 12,889 solicitudes de interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754 y rechazaron 135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial.
Mientras en el 2017 las solicitudes para intervenciones fueron de 5,178. Los tribunales aprobaron 4,883 y rechazaron 295.
De acuerdo con las informaciones suministradas a Listín Diario por el Poder Judicial, las solicitudes y aprobación de interceptaciones de teléfonos se triplicaron de 2017 a 2018. En estos dos años suman 18,067 las solicitudes hechas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo.
El escándalo
Las intervenciones telefónicas saltaron a los primeros planos de la opinión pública después de que el Inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó que fuera intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
Este hecho ha levantado las sospechas, entre diversos sectores de la sociedad, de que se podría estar frente a un escandaloso caso de espionaje, a través de las escuchas telefónicas ilegales.
En lo que va de año, sólo en el Distrito Nacional y el municipio de Santo Domingo Oeste, jueces de ambas jurisdicciones han autorizado, a petición del Ministerio Público, 1,360 intervenciones telefónicas. El año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas, de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de la Instrucción esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520 teléfonos de personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.
La intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito se cuenta entre ese grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada por una jueza de la instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24 de noviembre de 2018.
Ante el escándalo, el inspector general del ministerio público, Bolívar Sánchez, aunque admitió la solicitud de la interceptación del teléfono en cuestión, dijo que desconocía que se tratara del número de la magistrada Germán Brito y que no llegó a ejecutarla.
Los jueces de instrucción llevan un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del representante del ministerio público que la presenta.
La copia de la solicitud y de la decisión del juez se entregará al fiscal. Si se autoriza la interceptación, se entregará al fiscal el original sellado de la orden judicial que se remitirá a la compañía prestadora de servicio de telecomunicaciones, con copias para el fiscal.
En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación, el juez establecerá dos fechas con no más de 20 días de intervalo, para que el fiscal presente al juez un informe sobre el avance en el cumplimiento de la misma.
La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueron satisfactorias para el juez, podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenarle a la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones que suspenda su ejecución.
El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su voz, data o imagen, grabaciones que deberán ser conocidas por la persona que ha sido objeto de ellas para organizar sus medios de defensa.
CLAVES
Criminalidad.
La intervención telefónica autorizada por un juez es uno de los medios de investigación de mayor impacto contra la criminalidad en el país.
Medio probatorio.
Con esto se pretende investigar la presunta comisión de un delito y a sus perpetradores, pudiendo ser utilizadas las escuchas teléfonicas como medio probatorio.
Los nombres falsos han sido recurrentes
Las interceptaciones telefónicas con nombres falsos han sido recurrentes en el discurrir de los años.
El 9 de mayo del 2008, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció que el entonces juez de la Instrucción, Francisco Valera, estaría autorizando la intervención de llamadas telefónicas a los dirigentes de la oposición con nombres falsos presentados por la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.
En ese entonces, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, había informado que ese organismo estaba dipuesto a hacer una investigación en torno a la denuncia formulada por el PRD, en el sentido de que el juez autorizó la intervención telefonica de altos dirigentes de esa organización política.
El entonces y actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, externó en esa ocasión que quienes han denunciado que sus teléfonos estaban intervenidos debían presentar una querella por ante la Fiscalía, porque se trata de un delito que corresponde juzgar a la justicia.
Presidente Suprema abordará caso Miriam
El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo ayer que llevará ante la sección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el caso de la jueza Miriam Germán Brito y el procurador general de la República, Jean Rodríguez.
Mariano Germán Mejía, también presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ), sostuvo que en esa sección del 28 de este mes, emitirá su posición al respecto, al tiempo de lamentar el incidente ocurrido en torno a la magistrada de esa alta corte.
Aclaró que no ha emitido ningún criterio ni fijado posición sobre el tema públicamente porque lo hará en la venidera reunión del Consejo, ya que es respetuoso de la institucionalidad.
Señaló que desde el 22 de diciembre del 2011, cuando fue electo presidente del organismo, se ha propuesto y trabajado respetando la institucionalidad.
El magistrado Germán Mejía dijo que frente a cualquier debate o sugerencia en la que deba intervenir, se limita a hacerlo solo a lo interno de los organismos correspondientes.
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