SANTO DOMINGO. El plan que anunció esta semana la Procuraduría General de la República para “humanizar” varias cárceles del país tiene el espaldarazo de varios sectores de la sociedad que, como conocedores de la realidad carcelaria nacional, deploran el estado en que se encuentran varios de los recintos.
Pero junto al apoyo a la iniciativa estatal que prevé invertir unos US$170 millones en la reconstrucción de varias cárceles, incluida la de La Victoria, también se expresan las demandas de que el trabajo en la estructura también se acompañe de la especialización de personal que ayude al tratamiento de los privados de libertad.
En ese sentido se expresaron Fray Richardson Jiménez, coordinador de la Pastoral Penitenciaria y el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Santana.
“Es una iniciativa correcta y esperada por muchos años. Entendemos adecuado que el dinero producto de la corrupción pueda ser utilizado para la lucha contra la corrupción como lo es la construcción de recintos penitenciarios”.
El comentario lo hizo Santana, quien aboga para que ahora se ponga mayor atención en los recintos penitenciarios que no están incluidos en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario anunciado por el procurador Jean Alain Rodríguez el jueves.
Según explicó el procurador, los trabajos de dicho plan se financiarán con parte del dinero que pagaron las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer como indemnización por los sobornos que admitieron haber pago en el país a cambio de contratos.
Como parte de los trabajos a realizar se incluye la construcción de una nueva cárcel La Victoria, definida por el Fray Richardson Cruz como “un lastre que humilla la dignidad del ser humano”.
Esta cárcel, construida en los años 50 con capacidad para unos 1,200, alberga a más de 9,000 en la actualidad en condiciones de total hacinamiento.
“El cierre de La Victoria es un proyecto anhelado por más de 30 años por la Pastoral Penitenciaria. Nosotros valoramos positivamente esta propuesta de la Procuraduría”, comenta el sacerdote que también ve como una vergüenza las condiciones en que se encuentran las cárceles que operan en la mayoría de las fiscalías del país.
Señala que la excusa de las autoridades para justificar que La Victoria no haya sido intervenida antes fue siempre la falta de recursos, pero que, dado que ahora se hace referencia a dinero que está disponible, espera que se use para esos fines y no para otras cosas.
Richardson Jiménez también aboga por que los trabajos a realizar vayan a la par de un programa humano de formación y rehabilitación, con profesionales de la conducta que acompañen a las personas privadas de libertad.
De su parte, el exrector Santana entiende necesario que la Procuraduría se acompañe de la asesoría de instituciones como el Ministerio de Obras Pública para que el proceso de licitación y construcción de resultados duraderos en el tiempo y que las construcciones se ajusten a los estándares internacionales.
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