Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la constructora admitió pagar y los políticos de los países involucrados.
En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego que la empresa anunciara la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido $1,000 millones en sobornos a países de las Américas y de África.
Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la Justicia brasileña.
El número es prácticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasileñas para obtener informaciones de otros países.
“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.
“En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, añadió.
Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.
También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios públicos enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado $10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de este año, nadie fue indiciado.
Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht.
Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores ecuatorianos avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de $495 millones.
Aunque Odebrecht haya confesado delitos en América Latina hacia fines de 2016, recién en el último mes de abril la Procuraduría General ecuatoriana logró fijar acuerdo con las autoridades brasileñas para el intercambio de informaciones.
De otra parte, las medidas más serias tomadas en Venezuela ocurrieron en febrero de 2017, cuando la empresa fue investigada, y sus cuentas fueron congeladas. En julio de 2017, dos familiares del exministro de Transporte Haiman El Troudi tuvieron sus cuentas congeladas. Después de esto, no hubo ninguna condena.
En Argentina, también hay dificultad para el intercambio de información con las autoridades brasileñas. La Justicia argentina aún no tuvo acceso a las informaciones de los cambistas ilegales o “valijeros” brasileños, responsables de hacer circular el dinero de las coimas de la trama Odebrecht. Las autoridades de los dos países están negociando un acuerdo para que los imputados de la Justicia brasileña puedan ser oídos en el país vecino. El principal obstáculo es la ley argentina, que no prevé librar de condena a un delator que entregue elementos importantes para la investigación.
Está en la mira de los argentinos, por ejemplo, el valijero paulista Leonardo Meirelles, que firmó la delación premiada con la Justicia brasileña en 2016. En uno de los fragmentos de la delación, él dice que transfirió más de $500,000 a una cuenta, en Suiza, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas. Los pagos habrían ocurrido en 2013, cuando Arribas trabajaba en Brasil como empresario de jugadores de fútbol.
Aunque Meirelles no haya dicho los motivos del pago, los investigadores recuerdan que se realizó luego de haberse reactivado un contrato de Odebrecht con el gobierno argentino para soterrar la ferrovía Sarmiento. Actualmente, la obra es ejecutada por un socio internacional de Odebrecht, la italiana Ghella.
Aun sin las acusaciones de los valijeros brasileños, la investigación del caso del tren Sarmiento está adelantada. El diputado Julio de Vido, exministro de los gobiernos Kirchner, puede ser imputado. Hay intercambio de emails entre ejecutivos de la constructora y otras socias que comprobaría el pago de coimas. Los fiscales argentinos aún tienen esperanzas de que, en los próximos meses, conseguirán hacer acuerdos con ejecutivos de Odebrecht.
En Colombia, 78 personas son investigadas actualmente por supuesta participación en el escándalo de corrupción; cinco ya fueron condenadas por irregularidades en las obras de Ruta del Sol, entre ellas el exministro Gabriel Ignacio García Morales y los exsenadores Otto Bula y Bernardo Miguel Elías.
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