La magistrada Lidia Álvarez concedió "la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles", según la resolución divulgada este domingo por diario La Tribuna.
Los bienes incautados pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para "su custodia y administración", añade la resolución publicada
Álvarez ordenó también la captura internacional de las personas citadas, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato.
Los implicados son acusados por presunto "abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras", según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
La magistrada ha citado a los acusados para este lunes en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe la misma fuente judicial.
Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación del lunes o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como "Pandora", que involucra a 38 personas, entre ellos el exalcalde del municipio de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y el exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014, es acusado también por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico.
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)", indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló "indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (...) habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.
Los recursos, según la investigación, provenían de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista", precisó la Maccih.
Las fundaciones recibieron "los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal".
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