Las nueve venezolanas víctimas de explotación sexual y trata de personas en el centro nocturno Pink Pony Bar, del sector Los Prados, de la capital, relataron que fueron obligadas por el propietario, bajo amenazas de multa, a tirarse fotos desnudas para subirlas a una página de instagram que tiene ese negocio.
Contaron que los clientes tenían que pagar en el negocio RD$2,500 por media hora y RD$3,000 por una hora para tener relaciones sexuales con ellas en el centro, pero que si ellas rechazaban un cliente o rehusaban tener relaciones sexuales con ellos, entonces tenían que pagar el dinero por el tiempo solicitado. Relataron que cuando salían con un cliente, el servicio costaba RD$3,500 por una hora y media, pero que si se pasaban, las multaban con RD$1,000 por cada hora de retraso.
Detallaron que una de ellas “llegó a tener casi 4 meses de embarazo, y que Jarvis (el propietario) la obligó a abortar, y que para tales fines le compró y suministró 15 pastillas de Sitote y la dejó encerrada en su habitación, y que luego la envió a la maternidad de los Mina con Daysi (empleada), donde le practicaron un legrado; que el médico le dijo que tenía que durar 40 días sin atender clientes y sostener relaciones sexuales, pero que a la semana, cuando Jarvis vio que ya no sangraba, me obligó a atender clientes y sostener relaciones sexuales con ellos”.
Además, expusieron que si rechazaban clientes por tener la menstruación, el propietario las obligaba a bajarse los pantalones para ver si era verdad y que también las obligaban a consumir drogas que les facilitaban. Igualmente, que el pasaporte solo se lo entregaban luego de cumplir los tres meses del contrato y con el pago total de la deuda que tenían.
Las mujeres indicaron a los investigadores del ministerio público que tenían que cumplir horario, pero que si se alistaban después de las seis de la tarde las multaban con RD$500.
La forma en que operaba esa red de prostitución y trata de personas está contenida en la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por el Departamento de persecución contra el tráfico ilícito y trata de personas de la Fiscalía del Distrito Nacional, junto con la Procuraduría Especializada contra esos delitos. Las víctimas solo están identificadas en las instancias por las iniciales de sus nombres.
Investigación
La instancia del ministerio público indica que el 10 abril del 2018 se inició una investigación penal, a propósito de las denuncias recibidas por cuatro mujeres de nacionalidad venezolana, las cuales solo figuran con los iniciales de sus nombres. Establece que esas mujeres le informaron que llegaron a la República Dominicana porque fueron motivadas a trabajar en una disco-bar, sirviendo tragos, sacando tragos a clientes y que podrían tener relaciones sexuales con éstos solo sí querían, pero que no era obligatorio.
La instancia del ministerio público indica que el 10 abril del 2018 se inició una investigación penal, a propósito de las denuncias recibidas por cuatro mujeres de nacionalidad venezolana, las cuales solo figuran con los iniciales de sus nombres. Establece que esas mujeres le informaron que llegaron a la República Dominicana porque fueron motivadas a trabajar en una disco-bar, sirviendo tragos, sacando tragos a clientes y que podrían tener relaciones sexuales con éstos solo sí querían, pero que no era obligatorio.
Señala que las víctimas también señalaron que para realizar el traslado al país les facilitaron una carta de invitación, el dinero de impuestos de entrada y el boleto aéreo.
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