SANTO DOMINGO.- la Contraloría General de República alegó que la Cámara de Cuentas, en su reciente auditoría, ignoró la Resolución 15-08 emitida por el Órgano Rector de las Compras Públicas, la cual respalda ciertos tipos de operaciones directas de las instituciones públicas, como son “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor”.
En un documento remitido a ALMOMENTO.NET, dice que esta circunstancia fue lo que generó la mayoría de las observaciones que los inspectores de la Cámara de Cuentas presentan en sus informes, por la ausencia de contratos y otras debilidades.
Señala que le preocupa esta omisión, ya que hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas no ha notificado que la citada resolución haya sido derogada.
Acara que la misma no fue hecha solo para OMSA, sino para todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.
El documento
El texto del documento es el siguiente:
“La Contraloría General de la República (CGR) analizó de forma objetiva los resultados del informe especial realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), concluyendo en que los auditores de la Cámara de Cuentas ignoraron la validez de la Resolución 15-08 emitida por el Órgano Rector de las Compras Públicas.
En las operaciones relacionadas con compras directas, la Cámara de Cuentas está desestimando el respaldo previo que el Organismo Rector de las Contrataciones Públicas, dentro del alcance de sus facultades, otorgó a tales compras mediante el Artículo 1 de la Resolución 15/08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas y refrendada por el Órgano Rector el 29 de febrero del año 2016, mediante la comunicación DGCP44-2016-00194 y notificada a la CGR y la CCRD.
Hasta el momento la Dirección General de Contrataciones Públicas, no ha notificado a la CGR de que la Resolución 15/08 haya sido derogada.
Para la Contraloría General de la República constituye un motivo de preocupación el hecho de que los auditores de la Cámara de Cuentas hayan obviado esta Resolución 15-08.
La misma respalda ciertos tipos de compras directas de las instituciones públicas, como son “la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustibles o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor”.
Esta circunstancia, fue lo que generó la mayoría de las observaciones que presentan en sus informes, por la ausencia de contratos y otras debilidades que se objetan al no tener en cuenta la resolución citada.
Destaca la entidad del Estado que la Resolución 15/08, no fue hecha solo para OMSA, sino que abarca todas las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07.
En un documento oficial la CGR indica que el papel de su personal instalado en las entidades es verificar que los procesos se hayan realizado ajustados a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y las demás normativas vigentes y no a responsabilidades que corresponden directamente a los titulares de cada institución según lo establece la Ley 10-07, en su artículo 25.
Sostiene que el referido informe no toma en cuenta las normas vigentes sobre los controles internos y el alcance de las responsabilidades de esta institución en los procesos de autorización de las órdenes de pago. Indica que los incumplimientos o debilidades señalados en las conclusiones del informe de la CCRD no se corresponden con las funciones de la Contraloría y por lo tanto las imputaciones legales que se le atribuyen tampoco, según lo establece la ley de control interno vigente.
UAI OMSA autorizó pagos en virtud de resolución de Contrataciones Públicas
La Contraloría también aclaro que la responsabilidad de las UAI, y para el caso que les ocupa, la de la OMSA, en cuanto a la autorización de las órdenes de pago, se limita a la verificación de los controles previos establecidos por la entidad en sus normas secundarias, como ha sido clarificado en el numeral 2., literal b. del artículo 27 de la Ley 10-07, en el artículo 26.
Por tanto, las responsabilidades de la CGR no deben entenderse como una suplantación, reemplazo o rol de co-administración.
En ese sentido, la UAI al analizar los documentos de soporte del pago, lo hizo sobre la base de la legalidad y procedencia de la resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta es la primera vez que una institución cuestiona la validez de la citada resolución, ya que hasta la fecha no existe una revocación de la misma por parte de las instituciones legal y constitucionalmente competentes para ello.
Es evidente, que de conformidad con lo establecido en la Ley 10-07 no se encuentra dentro del ámbito de responsabilidades asignadas a las UAI, para la autorización de pagos, la de verificar más allá de la documentación suministrada por la institución ya que ello corresponde precisamente al control externo ejercido por la CCRD tal como lo establece la propia Ley 10-07.
Responsabilidad del control interno institucional
La CGR puntualizó que la gestión del control interno institucional, corresponde a la Administración de la OMSA. Las funciones de los delegados de la UAI están relacionadas con el alcance de sus protocolos de verificación, los cuales incluyeron la revisión y aceptación de las compras directas sustentadas en la Resolución 15/08 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Dicho alcance no incluyó, como ya se explicó en el literal b., verificaciones que corresponderían a una auditoría posterior, que no es posible ejecutar como parte de la autorización de una orden pago, conforme lo establece la Ley 10-07.
En virtud de los principios del control interno, al momento del pago se verifica principalmente la documentación de respaldo aplicable a cada caso, la evidencia de recibo de los bienes o servicios, el registro y liquidación del pago, como una corroboración del cumplimiento de los controles previos.
De conformidad con lo anterior, resulta obvia la separación de responsabilidades entre la institución supervisada y la UAI. Asumir a la UAI como responsable de los controles previos al pago, sería atribuirle responsabilidad de co-administrador dentro de cada institución pública, lo que contraviene las disposiciones que regulan el control interno ejercido por la CGR tanto en la propia ley como en la Constitución de la República.
Consecuencias
Tan pronto fue recibido el informe la Contraloría puso en marcha una exhaustiva investigación a los fines de establecer responsabilidades individuales, si las hubiere, de cualquier servidor público dependiente de esta institución.
Un apunte
El extenso informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) fue enviado a la Contraloría General de la Republica (CGR) el pasado viernes 13 de abril en horas de la tarde.
Hasta este momento la CCRD, no ha notificado a la CGR de su objeción a la Resolución 15-08 de fecha 4 de noviembre del 2008 y ratificada por el Órgano Rector de las Compras y Contrataciones el 29 de febrero de 2016. Esta resolución fue enviada para conocimiento tanto de la Cámara de Cuentas como a la Contraloría.
La CGRD envió a la CCRD la comunicación No. IN-CGR-2018-001951, el martes 17 de abril del año en curso en horas de la mañana”.
Dirección de Contrataciones también ve violaciones
Sobre el caso de la OMSA, la Dirección General de Contrataciones Públicas también emitió ayer un comunicado, cuyo texto es el siguiente:
“La Resolución 15-08 fue emitida cuando el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas tenía un desarrollo escaso, por la ausencia de una plataforma tecnológica que permitiera la publicación de los procedimientos de contratación pública desde la convocatoria, y en consecuencia el acceso a una información oportuna que permitiera la participación del mayor número posible de oferentes.
La obligatoriedad de publicar las convocatorias se realiza a partir de septiembre de 2012 con la emisión del Decreto No.543-12.
Respecto a la contratación de los servicios de reparación de vehículos de motor, dentro de sus motivaciones la resolución indica que:
- Los titulares de las instituciones contratantes serán los responsables de que no se haga uso de esta excepción con el fin de vulnerar los principios establecidos en la citada ley;
- Todos los expedientes amparados en la misma deben contar con la justificación objetiva del uso de la excepción y de las razones por las cuales se seleccionó al proveedor amparado bajo la misma; y
- En la medida de lo posible se debe fomentar la rotación entre proveedores igualmente calificados.
El informe de auditoría de la Cámara de Cuentas refleja, que, en el caso de la OMSA, estos requisitos no fueron cumplidos, lo que se refleja en los hallazgos de contrataciones recurrentes de proveedores sin órdenes de compra ni contratos. No obstante, lo dispuesto en la Resolución 15-08, instituciones utilizaron lo dispuesto en la resolución para contratar de manera directa otro tipo de reparaciones, y no solo las de vehículos de motor.
Al conocer esta situación, mediante comunicación No. DGCP44-2016-00194, de fecha 29 de febrero de 2016, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una circular aclaratoria, indicando que solo aplicaba para lo expresamente establecido en el artículo No.1, es decir la compra y/o contratación directa para los pasajes aéreos, combustible o vales de combustibles y las reparaciones de vehículos de motor “por los motivos anteriormente expuestos” (es decir, lo indicado en los considerandos).
Atendiendo a que la contratación de la reparación de vehículos de motor es un proceso que implica cierto grado de complejidad, la Dirección inició el levantamiento de información del parque vehicular del sector público y realiza consultas para identificar la capacidad y el tipo de talleres disponibles en el país. Igualmente, ha solicitado información sobre marcas, tipo, año, modelo, etc. de los vehículos de motor propiedad de las instituciones, y al mismo tiempo trabaja con el diseño de procesos para la adquisición de lubricantes y gomas; y vehículos más eficientes.
Resulta oportuno indicar además, que en atención al criterio de descentralización de la gestión operativa en que se basa la administración financiera del Estado y el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, corresponde a las instituciones contratantes decidir el tipo de procedimiento de contratación (ya sea ordinario o de excepción) que corresponda, de acuerdo a las funciones propias y a sus necesidades institucionales, con sujeción absoluta a la normativa jurídica vigente.
En la Dirección de Contrataciones Públicas estamos conscientes de los retos y desafíos asumidos y trabajamos para mejorar continuamente. Sin embargo, la existencia de publicidad desde la convocatoria, solo en el año 2017 se publicaron 83 mil procesos; la seguridad de que las instituciones tienen presupuesto para convocar, de que tienen los recursos en su cuenta al momento de firmar un contrato, una orden de compra o de servicio, (producto del Decreto No.15-17); así como la eliminación de barreras de acceso para que haya participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de los productores agrícolas y de las mujeres para su empoderamiento económico, y la implementación del Portal Transaccional, son la mejor carta de presentación del Sistema.
Seguimos trabajando.
Dra. Yokasta Guzmàn Santos
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