SANTO DOMINGO.- Ha provocado un encendido debate en la República Dominicana una resolución emitida por la Junta Central Electoral (JCE) que ordena a su personal de Informática crear un glosario de apellidos para asignarlos a niños en condición de abandono legalmente declarado.
Representantes de distintos sectores han considerado que con esta disposición se busca hacer figurar como ciudadanos dominicanos a cientos de menores que han nacido en hospitales locales, procreados por inmigrantes ilegales haitianos, así como a otros que han sido abandonados aquí por ciudadanos del vecino país
Uno de los primeros en pronunciarse sobre el tema fue el dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, quien observó que la JCE no puede bajo ninguna justificación otorgar apellidos e identidades a miles de hijos de haitianos indocumentados.
“La Junta Central Electoral no tiene facultad constitucional ni legal para inventarse el nombre y apellido de nadie. Sería un hecho gravísimo que atentaría contra el alma de la República, que es su registro civil y la nacionalidad dominicana”, expresó.
“El país ha tenido fe en el Dr. Julio César Castaños y en los demás miembros de la Junta Central Electoral para que tengan la firmeza necesaria de resistir las presiones internacionales que quieren subvertir el registro civil, que han alegado apatridia de cientos de miles de hijos de haitianos y que procuran una falsificación masiva de identidades”, enfatizó Castillo Seman, cuyas declaraciones fueron apoyadas de inmediato por representantes de otros sectores.
Especialistas opinan
El abogado y ex director de Migración, José Ricardo Taveras, advirtió que si la JCE asigna apellidos a niños abandonados, violaría la ley 659, en su artículo 28 el cual establece que “los Oficiales del Estado Civil no podrán insertar en sus actas, sea por vía de anotación o por cualquiera otra indicación, sino aquello que está determinado en esta ley para cada clase de acta…”.
De su lado, Iraima Capriles, especialista en Derecho Civil y Familia, salió en defensa de la JCE señalando que ésta sí tiene potestad para reglamentar y regular la asignación de apellidos, en virtud de que la Constitución de la República establece que “el libre desarrollo de la personalidad de la persona y el derecho a nombre y apellido como atributos de la personalidad jurídica”,
Refiere el artículo 47 de la Ley 659 que establece que el Oficial del Estado Civil “levantará acta expresándose en ella la edad aparente del niño su sexo, los nombres que se le den y las personas o autoridad a que se ha entregado”.
Asimismo, la abogada especialista en temas de y adolescencia, Dilia Leticia Jorge Mera, señala que el Registro Civil depende de la JCE y, por tanto, está dentro de su competencia reglamentar lo que entienda necesario. Admite, sin embargo, que no hay ninguna ley que regule la situación en cuanto a los apellidos de niños y niñas que no llegan a ser adoptados y a los que nadie les cede su apellido, como manda el artículo 85 de la Ley 659.
También el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Medina Calcaño,cita el artículo 212 de la Constitución Dominicana que le da facultad reglamentaria a la JCE en los asuntos de su competencia.
Calcaño recuerda que hay pactos y convenciones internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos de los que el país es signatario, que avalan la resolución de la JCE. A su juicio, esta disposición es una respuesta correcta para resolver “un grave problema de carácter social y humanitario”.
Presidente JCE aclara
Debido a la ola de cuestionamientos, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, se vio precisado ayer a aclarar que este organismo no ha tenido intención de violar la ley, y que para emitir su resolución se ha fundamentado en el “Principio de Interés Superior del Niño” así como en tratados internacionales que justifican una interpretación más benigna de las leyes en favor de infantes en situación de vulnerabilidad extrema.
No obstante, informó que dispuso un levantamiento estadístico de los casos que pueden ser objeto futuro de la disposición.
Reveló que al momento de emitir la resolución había 261 niños, niñas y adolescentes abandonados que han salido de orfanatos con solo el nombre de pila, lo que hace imposible que se les pueda expedir una cédula de identidad y, por tanto, no tendrán oportunidad de casarse, trabajar, tener seguridad social, estudiar ni realizar ningún acto legal.
“Lo antes dicho no es un obstáculo a que la JCE ante los señalamientos de personas de buena fe, que es el caso, no esté dispuesta a examinar sus actos y aceptar todas las sugerencias para resolver esta tragedia, y de llegar a la conclusión de que lo decidido ya precise de algún ajuste, hacer lo que sea correcto conforme a la Constitución y las leyes vigentes”, enfatizó.
Dijo que él dispuso un levantamiento “sobre la estadística de las casuísticas detectadas al día de hoy, que serían el objeto de aplicación futura de dicha Resolución, en auxilio de los niños y adolescentes que previamente hayan sido declarados en abandono por un tribunal, y que carecen de apellidos, que no tienen padres conocidos y por lo tanto no tienen filiación.
Castaños Guzmán informó que hasta el momento la resolución 03-2017 dictada por el Pleno de la JCE en mayo del presente año, no ha sido aplicada plenamente a ningún caso concreto.
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