BARCELONA. Los partidos catalanes escenificaron ayer en el Parlamento regional la misma división que a nivel nacional, en el día en el que el presidente del Ejecutivo de Cataluña, Carles Puigdemont, recibió el requerimiento del Gobierno español para que confirme si el martes declaró la independencia.
En dicho requerimiento, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le da de plazo hasta el próximo lunes para que confirme si este martes declaró la independencia y, en tal caso, lo urge a “revocar” esa decisión y a “restaurar el orden constitucional”.
En el caso de que la respuesta sea positiva, da un segundo plazo, hasta el jueves 19, para que rectifique y vuelva a la legalidad, ya que en caso contrario llevará a la práctica el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas.
Según fuentes del Ejecutivo catalán consultadas por Efe, la respuesta del gabinete de Puigdemont al Gobierno de España no se prevé que sea inminente, teniendo en cuenta que hay margen hasta el lunes.
El vicepresidente del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, aseguró ayer “entender la posición” de Rajoy al enviar el requerimiento, aunque consideró que “podría hacerlo mejor” tras el llamamiento al diálogo de Puigdemont.
El presidente del gubernamental Partido Popular en Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, advirtió a Puigdemont de que con el requerimiento tiene una “última oportunidad para devolver la normalidad a Cataluña”, por lo que confía y desea que “esté a la altura”.
El primer secretario de los socialistas catalanes (PSC), Miquel Iceta, defendió la necesidad de lograr una reforma constitucional en la que Cataluña se encuentre cómoda, algo que no ocurre hoy día, e hizo un llamamiento a que el socialismo vertebre el “tercer espacio” entre el inmovilismo y la “locura” independentista.
En cambio, la diputada del partido radical independentista CUP Eulàlia Reguant aseguró que si se aprueban los mecanismos para aplicar el artículo 155 de la Constitución española “inmediatamente” se pondrá en marcha el procedimiento para construir “la república de Cataluña”.
En una entrevista concedida a CNN, Puigdemont se mostró ayer dispuesto a entablar un diálogo “sin condición previa” con el Gobierno español para intentar acercar posiciones sobre Cataluña.
“Estamos en un punto donde lo más importante es que no haya condición previa para sentarse y hablar, aceptar que tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas”, afirmó un día después de que suspendiera los efectos de la declaración de independencia.
El jefe del Ejecutivo catalán aseguró que la “relación entre España y Cataluña no funciona” y por ello abogó por abordar un diálogo entre representantes de ambas instituciones para intentar acercar posiciones.
En el plano judicial, la policía regional catalana (Mossos d’Esquadra) denunció hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1 de octubre, día de la consulta ilegal, sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron “eficaces”.
Así lo pone de relieve la policía catalana en un informe que ha presentado ante la magistrada del TSJC que investiga al Ejecutivo de Puigdemont por la convocatoria del 1-O, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos.
El TSJC ha admitido a trámite la querella por el 1-O de la formación de derechas VOX contra Puigdemont, sus consejeros y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlamento catalán, pero excluye por ahora los delitos de sedición y rebelión.
Asimismo, la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela citó de nuevo para el próximo lunes al jefe operativo de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición.
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