Las nuevas reglas, que tendrán efecto para los ciudadanos de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria, Venezuela y Yemen, entrarán en vigor el 18 de octubre.
Las restricciones van desde las prohibiciones totales como es el caso de los viajeros de Siria, a otras que son más específicas. La suspensión de visas temporales, como las que impactarán a Venezuela, sólo aplicarán para algunos funcionarios gubernamentales y sus familiares.
El anuncio se produjo el mismo día que la controversial restricción migratoria de Trump para los viajantes procedentes de seis países de mayoría musulmana expirara, 90 días después de que entró en vigor.
“Como presidente, debo de actuar para proteger la seguridad y los intereses de Estados Unidos y de su gente”, se leyó en la proclamación.
Las autoridades puntualizaron que las visas que estén vigentes no serán revocadas como resultado de la proclamación.
Las restricciones están dirigidas a los países que, según el Departamento de Seguridad Nacional, se rehúsan a compartir información con Estados Unidos o que no han tomado las medidas de seguridad necesarias.
A diferencia de la primera restricción migratoria de Trump, la cual provocó caos en los aeropuertos del territorio estadounidense y una avalancha de desafíos legales, los funcionarios indicaron que habían trabajado por meses en las nuevas reglas, en colaboración con varias agencias y en comunicación con gobiernos extranjeros.
Las restricciones están basadas en un nuevo punto de referencia desarrollado por el Departamento de Seguridad Nacional. A partir de eso, Estados Unidos compartió esos criterios con cada país en el mundo y les dio 50 días para cumplirlos.
Las ocho naciones que tendrán que enfrentar las restricciones migratorias se rehusaron o no cumplieron con lo solicitado.
La semana pasada, Trump pidió unas restricciones migratorias más “duras” luego de que una bomba explotó parcialmente en el metro de Londres.
Los detractores han acusado a Trump de abusar de su poder y de violar las protecciones de la Constitución en contra de prejuicios religiosos.
La nueva política podría complicar la revisión de la orden por parte de la Corte Suprema, la cual está programada para su discusión el próximo mes.
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