Un sistema de pensiones fraccionado en diferentes regímenes y salpicado de injusticias y hasta privilegios, es el que prima en República Dominicana, dejando a la mayoría de los trabajadores con opciones muy reducidas para disfrutar con dignidad de sus años de vejez, excluyéndolos incluso hasta del seguro de salud.
Mientras da a otros, que a veces permanecen por poco tiempo ocupando elevados puestos de mandos, la oportunidad de retirarse bajo la tranquilidad que les garantiza recibir diversos beneficios, entre ellos ingresos que alcanzan hasta los 400,000 pesos mensuales como pensión de por vida.
En el país permanecen vigentes por lo menos ocho planes distintos de retiro, de instituciones estatales, entre ellas autónomas, que preservaron su existencia, pese a que la génesis del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), puesto en marcha en el 2001, estaba concebido con un carácter de inclusión y universalidad tanto en materia de salud como previsional.
Instituciones como el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, Banco Central, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Maestros, UASD y trabajadores de la construcción, entre otros, tienen sus propios sistemas de pensiones establecidos legalmente.
Existen además pensiones especiales que son por lo general otorgadas por el Presidente de la República mediante decreto, que superan los 15,000 pensionados. Debido a que el monto de las pensiones que reciben los servidores está directamente vinculado al salario, y por ende a su capacidad de aporte, en una misma institución se pueden observar escalas con diferencias abismales entre sus servidores.
Actualmente hay planes en los que los cotizantes presentan dificultades para obtener la jubilación y pensión, como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde hay 160 maestros, además de personal administrativo, que luego de haber cumplido con los requisitos, se mantienen hasta por dos años esperando que el Consejo Universitario apruebe sus solicitudes, lo que es atribuido a razones de índole económica.
Otras dificultades registran profesores, con doble cotización, que laboraron para el sector privado y público, a quienes les mantienen retenidos los aportes. Se estima que llegan a los dos mil millones de pesos los fondos congelados desde hace casi 10 años, de todos los maestros que han cotizado a un empleador distinto al Ministerio de Educación.
En torno a los médicos, aunque la ley 414-98 establece pensiones con 100 por ciento del último salario devengado al cumplir los 60 años de edad, la misma no se aplica, excepto en los cerca de 2,000 galenos pensionados por un decreto emitido el año pasado, como parte del acuerdo con los gremios de la salud.
Desconfianza
De acuerdo a expertos en temas de pensiones, los planes especiales y complementarios surgieron y se mantuvieron debido a la tradicional desconfianza en los sistema de pensiones o jubilaciones. Los afiliados aportan de sus salarios y las instituciones a las que pertenecen hacen el otro aporte.
De acuerdo a expertos en temas de pensiones, los planes especiales y complementarios surgieron y se mantuvieron debido a la tradicional desconfianza en los sistema de pensiones o jubilaciones. Los afiliados aportan de sus salarios y las instituciones a las que pertenecen hacen el otro aporte.
Entre esos planes se encuentra el del Congreso Nacional, que a través de Ley 340-98 creó el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano (Inprescondo). A pesar de que muchos lo definen como un sistema de privilegio, tanto los senadores como los diputados lo defienden, alegando que los fondos provienen de los legisladores, durante sus años de ejercicio.
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