La Junta Central Electoral (JCE) utilizará su poder reglamentario para fijar límites en la campaña electoral del 2020 en cuanto al tiempo y los gastos, y se propone adoptar medidas con los partidos que no se sometan a las reglas, que incluiría hasta la retención de los fondos del financiamiento estatal, en caso de que no sea aprobada la ley de partidos políticos y de régimen electoral.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, señaló que tienen que organizar unas elecciones en el 2020 que consta de tensiones y garantizó que no van a rehuir esa responsabilidad.
“La Junta tiene sus obligaciones y responsabilidades y las vamos a asumir”, afirmó, al participar ayer en el Desayuno de Listín Diario, junto a los demás integrantes del Pleno de la JCE. Enfatizó que el financiamiento electoral hay que regularlo. Puntualizó que los partidos reciben 63 millones de pesos mensuales de financiamiento público, que por el momento no se ha detenido.
Manifestó que ante lo que calificó como “desaguisados” de algunos, la JCE cuenta con las armas para imponer reglas, como la retención de los fondos.
Advirtió que sería perjudicial, inoportuno y poco razonable que se arranque la campaña ahora, aunque aclaró que la ley no prohíbe que las personas se reúnan, se asocien y expresen sus opiniones.
Pero recalcó que la JCE tiene un poder reglamentario y que puede dictar las normas que correspondan para limitar el tiempo y los gastos de la próxima campaña electoral.
Manifestó que el país tiene un orden establecido y que aunque algunas instituciones no lo respeten, la JCE hará su trabajo para que se cumpla con los mandatos legales y constitucionales.
Citó el punto de la reelección presidencial, el cual consideró es un problema de propuestas de candidaturas que lo deslegitima el uso de los recursos del Estado en la campaña.
Precisó que las últimas cuatro modificaciones constitucionales han sido por el tema de la repostulación presidencial.
Adelantó que la JCE se reunirá con los representantes de los partidos políticos, tras enfatizar que se necesita poner tope al tiempo de la campaña.
Al mismo tiempo, llamó a parar la campaña anticipada que han iniciado algunos candidatos. Además, planteó que el gobierno tiene que trabajar, por lo cual entiende que no se puede estar en campaña desde estos momentos.
Indicó que esa reglamentación se extenderá a garantizar una participación equitativa de los partidos en los medios de comunicación.
Sostuvo que hay un mundo de cosas por normar, porque la política es la actividad más importante.
Igualmente, consideró una injusticia obligar por ley a los partidos a celebrar primarias para escoger a sus candidatos.
Recordó que el país cuenta con 26 partidos diferenciados entre sí, y que cuatro obtienen un financiamiento privilegiado, porque reciben el 80 por ciento de la contribución económica, percibiendo cada uno 13 millones de pesos mensuales.
“Hay una gran injusticia en obligar a determinados partidos, que tienen financiamiento injusto, a ir a primarias obligatorias”, estimó.
Observó que la naturaleza de los partidos es privada aunque con matiz público, por lo que entiende pueden establecer en sus estatutos la forma de elegir a sus autoridades.
Planteó que las primarias obligatorias y abiertas costarían más que unas elecciones. Recordó que la SCJ declaró inconstitucional la ley de primarias porque no identificó los recursos para su organización. Carmen Imbert Brugal, miembro titular de la JCE, expresó que esa entidad tiene un trabajo constante y continuo, porque no solo es elecciones. Resaltó el trabajo heroico de las juntas electorales.
En 2020 padrón registrará casi ocho millonesLa JCE estima que para el 2020 el padrón electoral registrará a casi ocho millones de ciudadanos.
El presidente de la entidad, Julio César Castaños Guzm‡n, dijo que ahora hay inscritos un poco más de 7 millones de votantes. Sostuvo que del único padrón que da cuenta la JCE es del que elabora esa institución y que la ley le impone. Aseguró que el padrón electoral se depura todos los días, por lo cual significó que está “vivo”. Explicó que se actualiza con los cambios de estatus de menor a mayor, de militares que pasaron a ser civiles, y cancelaciones de cédulas por diferentes razones, entre ellas por defunciones.
Sobre ese aspecto, intervino la miembro titular de la JCE, Rosario Graciano, quien afirmó que el padrón electoral quedó más transparente después que se dotó a los ciudadanos de una nueva cédula de identidad y electoral, antes de las elecciones del 2016.
Mientras, el también miembro titular de la JCE, Henry Mejía, puntualizó que el padrón electoral fue sometido a dos auditorías durante el pasado proceso electoral, por lo que entiende que con ello no hay duda, porque está considerado como uno de los más limpios y seguros.
Por otro lado, el presidente de la JCE puntualizó que la ley de partidos está atorada en el Congreso porque se busca acomodar candidaturas, lo cual percibe es muy peligroso. Apuntó que esa ley es orgánica y que para su aprobación se requiere de las dos terceras partes de los presentes en la sesión. Dijo estar optimista en que será aprobada. Expresó que lo que desearían es que se apruebe, al igual que la de régimen electoral.
Mientras, el miembro titular, Roberto Saladín, consideró que los interesados de que se apruebe esa ley deben ser los partidos, para resguardarse y blindarse, a fin de que no se vuelva a repetir la tragedia que ha afectado a los países de América Latina. Se refirió al caso de los sobornos que admitió haber pagado Odebrecht para obtener contratos de obras públicas.
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