SAO PAULO. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción, recibió hoy el apoyo de su militancia en las principales ciudades del país, mientras la Justicia avanzaba con nuevos bloqueos sobre sus bienes y un interrogatorio para septiembre.
Las protestas, secundadas por cientos de brasileños, fueron convocadas por el Partido de los Trabajadores (PT), en cuya fundación participó Lula en 1980, así como por sindicatos y movimientos sociales de corte progresista.
Los manifestantes repudiaron la sentencia en primera instancia contra el político dictaminada por el juez federal Sergio Moro, quien halló al exmandatario culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por haberse beneficiado supuestamente de la trama corrupta que desvió fondos millonarios de la estatal Petrobras.
Los actos en favor del que fue faro de la izquierda latinoamericana se repitieron en ciudades de al menos diez de los 27 estados federativos, incluyendo Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo.
El más numeroso tuvo lugar en la capital paulista, la mayor ciudad de Brasil, donde militantes desplegaron una enorme pancarta que rezaba: “Elecciones sin Lula es fraude”.
El futuro político de Lula, que ha manifestado con contundencia su deseo de ser candidato en las elecciones presidenciales del próximo año, depende de un tribunal de segunda instancia, el cual, en caso de ratificar la condena, perdería sus derechos políticos y por tanto, no podría participar en esos comicios.
“Tengo la obsesión de volver, quiero volver para probar que es posible recuperar este país”, afirmó hoy el ex jefe de Estado (2003-2010) en una entrevista.
En esa charla, Lula aseguró que “sufre” una “masacre diaria” como “nadie” en el país y acusó a los fiscales del caso Petrobras de “estar llevando a Brasil a la destrucción”.
Y mientras en las calles se gritaba “Lula, guerrero del pueblo brasileño”, la Justicia continuaba su cerco contra el exgobernante, que acumula cinco causas abiertas en la Justicia penal, la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras.
Las autoridades le embargaron hoy casi tres millones de dólares que estaban depositados en dos fondos de pensión, cantidad que se suma a los 200.000 dólares que fueron bloqueados de cuatro cuentas bancarias de su propiedad, entre otros bienes.
Para los abogados de Lula, que ya han recurrido la decisión, los embargos “perjudican su subsistencia” y la de “su familia” y se trata de “otra arbitrariedad” más cometida por Moro.
En otro de sus frentes, el magistrado marcó hoy para el 13 de septiembre un nuevo interrogatorio con Lula en el marco de una de las causas pendientes, en la cual, según la Fiscalía, el dirigente recibió sobornos del grupo Odebrecht a través del exministro Antonio Palocci, ayer preso por el caso Petrobras.
Esas supuestas coimas se habrían destinado a la compra del terreno que ocupa la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.
Lula siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero ayer reconoció que su partido, el PT, “erró al aceptar el juego de hacer campaña en los moldes que los otros políticos hacían”, en referencia a los escándalos sobre supuesta financiación ilegal de campañas por parte de las empresas implicadas en los desvíos de Petrobras y que escondían favores.
El expresidente puede llegar a ser investigado en otros 6 procesos más, según solicitó la Fiscalía con base en confesiones hechas por exdirectivos de Odebrecht, e igualmente está salpicado por las que hicieron ejecutivos del grupo cárnico JBS.
Ante el cúmulo de investigaciones y procesos, Lula habló sobre las nuevas caras que le gustaría ver como candidatos del PT, en caso de que él no pueda concurrir en las elecciones de 2018.
Entre ellas citó al gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, también citado en las confesiones de Odebrecht, y al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien fue ministro de Educación en los Gobiernos de Lula y de su sucesora, Dilma Rousseff.
No obstante, Lula ya prometió que luchará hasta el final por su inocencia y aseguró tener la “conciencia tranquila” a pesar de haberse convertido en el primer expresidente del país condenado penalmente desde el restablecimiento de la democracia (1985).
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