FLORIDA.- Más de 50 mil haitianos serían deportados de Estados Unidos si el presidente Donald Trump elimina el estatus protegido (TPS).
Farah Larrieux teme estar a punto de ser expulsada tras más de una década viviendo y trabajando en Estados Unidos. La protección migratoria concedida a ella y a otros muchos haitianos tras el terremoto de 2010 podría verse revocada próximamente.
El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe anunciar para el 23 de mayo si mantiene el Estatus Protegido Temporal para unos 50.000 haitianos que viven y trabajan de forma legal en el país. Sin este programa, podrían verse de pronto en riesgo de deportación.
Un destacado funcionario de inmigración ha alegado que Haití es lo bastante estable como para que sus ciudadanos ya no necesiten protecciones ante la deportación. Según emails a los que tuvo acceso The Associated Press, funcionarios nombrados por Trump están buscando pruebas de que los inmigrantes haitianos hayan cometido delitos antes de anunciar la decisión.
El gobierno del expresidente Barack Obama extendió varias veces la protección para los haitianos, y Florida se convirtió en un hogar permanente para Larrieux, aunque ella viviera bajo una protección “temporal”.
“Estoy planificando mi vida, asentándome. Puedo decirle que me estoy estabilizando a nivel financiero, pero ahora no sé qué va a pasar en los próximos tres meses”, señaló.
Larrieux llegó a Florida en 2005, pero cuatro años más tarde estaba divorciada y deprimida. Su visa había caducado y su solicitud de un permiso de residencia había sido rechazada. Las protecciones tras el sismo fueron como un salvavidas: consiguió un permiso de conducción de Florida, regresó a la escuela y abrió una empresa promotora de artistas haitianos de entretenimiento desde su casa en Miramar.
“Fue un renacimiento”, señaló.
La pobreza, la inestabilidad política, los problemas de infraestructura y el brote de cólera en Haití ya no justifican un programa creado para países en crisis, indicó James McCament, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
“Estos innumerables problemas que persisten en Haití son problemas continuados que han existido durante muchos años antes del desastre de 2010”, indicó McCament en un comunicado interno del 10 de abril recogido en un primer lugar por USA Today. Su recomendación era poner fin a esta protección cuando expire el 22 de junio, y dar hasta enero a los ciudadanos haitianos para que se marchen de forma voluntaria.
AP tuvo acceso a correos enviados entre el 7 de abril y el 1 de mayo, en los que la responsable de política del USCIS preguntaba varias veces a su personal con cuánta frecuencia se había condenado por delitos a haitianos amparados por el programa y cuántos habían disfrutado de prestaciones sociales. Sus empleados respondieron que esos datos no estaban disponibles o eran difíciles de encontrar en documentos del gobierno.
La agencia declinó hacer comentarios sobre “documentos previos a decisiones”. La portavoz del USCIS, Sharon Scheidhauer, señaló que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, no ha tomado una decisión en lo referente a Haití.
Tener antecedentes penales descalifica a un aspirante al Estatus Protegido Temporal, y las personas adscritas al programa no pueden recibir prestaciones públicas.
Trump “no va a poder encontrar las pruebas que busca, y si lo hace, son noticias falsas”, afirmó el martes Cheryl Little, de Americans for Inmmigrant Justice.
Líderes de la comunidad haitiano-estadounidense afirmaron que deportar a personas establecidas con propiedades, empresarios, estudiantes, contribuyentes y padres de niños nacidos en Estados Unidos podría acabar con sus remesas, asestando un golpe económico a un país donde el terremoto mató a 300.000 personas, el cólera ha dejado al menos 9.500 muertos desde 2010 y otras 546 personas murieron después de que el huracán Matthew tocara tierra en octubre.
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