La suspensión de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que estaba a cargo de un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht, generó una deuda de 300 millones de dólares con acreedores y proveedores, explicó el presidente de Odebrecht Latinvest en Perú, Mauricio Cruz.
El proyecto, que era desarrollado con Enagás de España y la peruana Graña y Montero, regresó al control del Estado peruano a inicios de este año cuando la fiscalía de Perú empezó a investigar las denuncias de corrupción de Odebrecht, respecto al presunto pago de 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014.
Cruz dijo, en entrevista con el diario El Comercio, que el proyecto se quedó en un avance del 40 % y que no logró vender su participación en el mismo porque "no hubo nadie (en el Gobierno peruano) que les diera la tranquilidad a los compradores" de que no serían perjudicadas a futuro.
El presidente de Odebrecht en Perú recordó que se trata de un proyecto de 6.000 millones de dólares y que la principal fuente para pagar la deuda de unos 300 millones de dólares con 900 proveedores y bancos será la nueva subasta a fines de este año.
Cruz remarcó que en el contrato del GSP, firmado en 2014 durante el Gobierno de Ollanta Humala, "no se halló ningún acto de corrupción" y que la entrega de dinero al partido de Humala, reconocido por Marcelo Odebrecht y el exdirectivo de la empresa en Perú Jorge Barata, fue "una colaboración con la campaña política que no tuvo nada que ver con la licitación del GSP".
El expresidente Humala es investigado ahora por presunto lavado de activos por los aportes irregulares en su campaña electoral de 2011.
La empresa también tiene una deuda de 120 millones de soles 836 millones de dólares) con proveedores de otros proyectos en Lima y el Callao, la cual será financiada la venta del proyecto de irrigación Olmos, que debería cerrarse este mes, indicó Cruz.
El representante agregó que "el daño (por los actos de corrupción de Odebrecht) es mucho más grande de lo que podría ser porque hay reacciones muy radicales que nos parecen innecesarias, como la paralización de proyectos", como el de irrigación de Chavimochic, en el norte peruano, por la insistencia en que la empresa brasileña se desligue de él.
"Si la decisión es que Odebrecht tiene que irse (del Perú), vamos a tener que hacerlo porque no podemos enfrentarnos al Estado", afirmó Cruz.
El directivo insistió en que la empresa ha cumplido con entregar la documentación pertinente para las investigaciones de la Fiscalía peruana y que en el corto plazo presentarán una propuesta de reparación civil a la Procuraduría anticorrupción.
El proyecto Gasoducto Sur Peruano contemplaba una inversión inicial de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.
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