CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó ayer poner freno a los bloqueos y manifestaciones en ocho alcaldías de la oposición en Venezuela, que completa 54 días de protestas en las que han muerto al menos 56 personas y un millar han resultado heridas.
Casi al cierre de una nueva jornada de movilizaciones, la Sala Constitucional, máxima instancia del Supremo, solicitó a ocho alcaldes opositores que garanticen la circulación y despejen los obstáculos en las vías, y advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
Venezuela está sumida desde el pasado 1 de abril en una ola de protestas en rechazo a una decisión del TSJ de asumir las funciones del Parlamento, controlado por la oposición, medida que aunque fue revertida en parte, abrió una crisis política que el presidente Nicolás Maduro busca conjurar con una Asamblea Constituyente.
Este jueves, la Sala admitió ocho demandas de protección interpuestas por ciudadanos, medida que el primer vicepresidente del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el oficialista Diosdado Cabello, anunció el pasado 4 de mayo que apoyarían.
Baruta y Chacao han sido epicentro en las últimas ocho semanas de las marchas opositoras, que parten siempre desde esos municipios del este capitalino y en su mayoría son dispersadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) y la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) antes de llegar a su destino.
“Se les ordena (a dichos alcaldes) que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito”, afirmó el magistrado Juan José
Mendoza, segundo vicepresidente del TSJ.
La decisión afecta a los alcaldes de Baruta, Gerardo Blyde; Chacao, Ramón Muchacho; El Hatillo, David Smolansky; Los Salias, Josy Fernández; Carrizal, José Luis Rodríguez; Libertador, Carlos García; Alberto Adriani (El Vigía), Juan Peña, y Campo Elías, Omar
Lares.
En concreto, los alcaldes deben “realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos” para “evitar que se coloquen obstáculos en las vías y mantenerlas “libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento”.
Además impedir “reuniones en la vías públicas que coarten el libre tránsito”.
El TSJ puntualizó que los mandamientos de amparo cautelares son de “cumplimiento obligatorio” y, que “en caso contrario”, se aplicará la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, que prevé un castigo “con prisión de seis (6) a quince (15) meses”.
En 2014, cuando Venezuela vivió otra ola de protestas que dejó 43 muertos, dos alcaldes fueron denunciados ante el Supremo por razones similares, lo que derivó entonces en su destitución y detención.
En esta misma jornada, el líder opositor Henrique Capriles denunció que Maduro le ha planteado un “fraude” al país con la Constituyente y defendió el derecho a protestar.
“Este fraude que ha planteado al país Maduro, eso no es ninguna Constituyente, eso es un parapeto para el Gobierno redactar una Constitución, un traje a su medida, para que en el país no hayan elecciones libres y democráticas”, dijo Capriles a periodistas.
Señaló que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “ha dicho claramente” que deben “seguir desplegados en todas las calles de
Venezuela”.
Y aseguró que “si no hay la voluntad política del Gobierno”, el “pueblo venezolano va a insistir en el camino de la presión”, mientras “la comunidad internacional se va a seguir pronunciando.
A su vez, el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, sostuvo que la titular del CNE, Tibisay Lucena, es “cómplice” del Gobierno, lo que consideró la hace responsable también “de la violencia de estos días”.
“Si el año pasado se hubiese hecho el referéndum revocatorio (del mandato presidencial) y las elecciones a gobernadores, no estaríamos lamentando la muerte de 50 venezolanos por abusos de grupos armados y represión de los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo Borges, citado en un comunicado de prensa.
Borges recordó que desde el Parlamento se hizo un llamado para que el país desconozca esa Constituyente.
“Más calle, más lucha y más presencia en todos los rincones del país, solo unidos vamos a lograr imponer la solución democrática en el país”, subrayó.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confirmó que las protestas han dejado 55 muertos y mil heridos, de los cuales “más de 500” atribuyó a “la acción de los cuerpos de seguridad del Estado”, mientras que 364 inmuebles públicos y privados han sido “saqueados o quemados” ocasionando “pérdidas incalculables”.
Luego del balance de la fiscal, el Ministerio Público confirmó la muerte de un joven de 22 años tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación en el estado Bolívar (sur), lo que elevaría a 56 la cifra de víctimas mortales en escenario de protestas.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, denunció que “esta espiral de violencia ha generado un clima de impunidad propiciado, al mismo tiempo, por el Ministerio Público”, en lo que dejó abierto un choque de poderes.
Laura Barros
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