SICILIA. Lo único que tiene el migrante Marc Samie de su prometida es una foto grabada en su memoria. En esa imagen, Louise, que se encuentra en el séptimo mes de embarazo, está parada silenciosa en una playa de Libia, llorando, mientras traficantes se lo llevan a él a una lancha inflable.
Los individuos están armados y le ordenaron a Samie que sostenga una brújula y un teléfono satelital, los instrumentos de navegación que usarán para llegar a Italia. Le dispararon al piso con sus fusiles Kalashnikov entre las piernas y le dijeron que si no tomaba la brújula los matarían a ambos. Les aseguraron que ella también se subiría al bote.
Eso sucedió en julio y desde entonces Samie no ha vuelto a ver a su compañera. Pero en lugar de ser tratado como una víctima por el gobierno italiano, Samie fue arrestado por la policía y acusado de facilitar la inmigración ilegal.
Samie, un joven de 21 años de Togo, es uno de cientos de migrantes procesados por la justicia italiana, aparentes víctimas de una nueva táctica usada por los contrabandistas profesionales para evitar ser pillados: Obligan a los migrantes, muchos de ellos menores, a hacerse cargo de las embarcaciones.
Casi todos los días las autoridades italianas detienen a individuos a los que acusan de pilotear las lanchas, pero no saben si son traficantes o migrantes. Si bien no hay cifras nacionales, 179 contrabandistas, incluidos 26 menores, fueron arrestados este año tan solo en el puerto de Pozzallo, al que llegó Samie. El año pasado fueron detenidos 147.
En otro Puerto, Augusta, fueron arrestados más de 190 contrabandistas este año, de acuerdo con la policía. Y en el distrito de Catania ha habido un aumento notable en las detenciones, de las 13 del 2013 a las 79 que hubo hasta agosto.
La policía sabe perfectamente que no está apresando a los contrabandistas reales, los que se llevan el dinero.
“Arrestamos a personas del nivel más bajo, la gente que maneja las lanchas, que a menudo son migrantes”, admitió Andrea Bonomo, viceprocurador de Catania. “Arriesgan sus vidas junto con los demás”.
No se sabe cuánta gente ha sido hallada culpable de contrabando humano. Bonomo dijo que los contrabandistas pueden ser condenados a hasta 15 años de prisión.
A principios de noviembre, la policía observó en el puerto de Augusta el desembarco de cientos de migrantes que habían sido rescatados por un barco de la Armada. Los agentes los entrevistaron para tratar de determinar quiénes conducían la lancha y llevaban la brújula.
Las organizaciones de traficantes de Libia están usando botes inflables baratos, que pueden durar ocho o nueve horas en el mar antes de hundirse, expresó el jefe de la policía Tonio Panzanaro. Encomiendan el manejo de los botes a algún migrante, al que a veces no le cobran por la travesía.
Es un negocio que “mueve mucho dinero”, indicó Panzanaro, en el que los traficantes profesionales pueden ganar 100.000 euros (105.000 dólares) con una inversión de 2.000 euros (2.100 dólares), el costo de la lancha.
“Ya sabemos cómo operan en Libia, pero dado que allí no hay un gobierno, no pueden arrestar a los que están detrás de todo”, agregó.
No todos los que conducen las lanchas o los navegantes son tratados como contrabandistas. El 7 de septiembre Gigi Modica, un juez de Palermo, desestimó las acusaciones de contrabando de un somalí y un gambiano. Los dos manejaron un bote con 118 migrantes abordo. Una docena de pasajeros fallecieron y los dos fueron acusados de homicidio involuntario.
Modica llegó a la conclusión de que los dos supuestos contrabandistas eran en realidad migrantes que fueron obligados a conducir la lancha. Ninguno de los dos parecía tener experiencia, hablaban distintos idiomas y no se podían comunicar entre ellos. Indicó que los traficantes los habían amenazado de muerto y dispuso que se los liberase de inmediato.
El juez dijo que los traficantes libios están obligando a migrantes subsaharianos a manejar los botes. Los acusados le contaron que unos amigos habían sido asesinados por los traficantes porque se negaron a pilotear los botes.
Agregó que es bastante evidente cuando los que están a cargo de las embarcaciones no son traficantes.
“Son gente débil, frágil. Están asustados. Les cuesta mucho hablar”, expresó. “Está claro que no son parte del problema. Son víctimas del problema”.
En el pequeño pueblo siciliano de Pachino, ochos jóvenes africanos viven en una casa de una organización llamada Europa Abierta. Igual que Samie, muchos de ellos fueron acusados de conducir embarcaciones que transportaban migrantes. Sobre varios de ellos pesan órdenes de expulsión.
La agrupación permitió a la Associated Press hablar con un gambiano que dice que tiene 15 años, a condición de que no sea identificado porque es un menor.
Estaba en una playa de Libia esperando subirse a la embarcación cuando individuos armados le dijeron que tomase la brújula. Les dijo que no sabía cómo usarla. Le pegaron con un caño y amenazaron con matarlo. Se arremanga la camisa y muestra una cicatriz de seis centímetros (dos pulgadas) en su brazo.
“Me subí al barco porque si no me mataban y mi madre no me hubiese vuelto a ver”, aseguró.
Igual que el muchacho, Samie pasó 15 días en la cárcel. Cuando salió, se fue al puerto en busca de noticias de Louise, pero no supo nada de ella.
Ahora está tratando de pelear su orden de expulsión y le ha enviado correos electrónicos a varias organizaciones a ver si recibe noticias de Louise. No sabe si está viva o si dio a luz su bebé.
“La última vez que la vi estaba llorando”, expresó. “Le dije que nos volveríamos a ver aquí. Voy a esperar por ella”.
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