El otro día el Financial Times informó que Apple quería desactivar su propio acceso a la iCloud, lo cual imposibilitaría que la compañía pudiera cumplir con las órdenes judiciales de proporcionar datos de clientes. Esta meta se podría replantear de la siguiente manera: la compañía más valiosa de EEUU está buscando soluciones técnicas que le permitan desafiar a los políticos electos, a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a los jueces responsables de la seguridad de la nación. Si a Apple no le gusta una ley, se inventa algún código informático para eludirla.
Tim Cook probablemente no lo expresaría de esta forma. Sin embargo, el director ejecutivo de Apple ha llevado su lucha contra la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) — acerca del acceso a un iPhone que pertenece a uno de los asesinos involucrados en el ataque terrorista de San Bernardino — a un nivel en el que se trata de una lucha entre la libertad y la tiranía, entre la privacidad y la intrusión.
El Sr. Cook declaró que si Apple accediera a la petición del FBI de escribir código para permitirle tener acceso a los datos en el teléfono, sería crear “el equivalente de un cáncer en el software”. Se pondrían en peligro a cientos de millones de clientes. “No se trata de un solo teléfono”, él le comentó a ABC News, “se trata del futuro.”
Una victoria para el FBI “pondría en peligro las libertades civiles de todo el mundo”. Este tipo de declaración es sorprendente proviniendo del director ejecutivo de una empresa que, al fin y al cabo, está en el negocio de fabricar dispositivos digitales de lujo. Apple es innovadora. Sus productos tienen una bella apariencia. Pero la civilización sobreviviría la ausencia de los iPad y iPhone.
El FBI aseguró que el caso de San Bernardino es suigéneris. No le está pidiendo a Apple que entregue ningún tipo de codificación, y la empresa puede destruir el código una vez que se logre obtener acceso al teléfono. Los motivos del Sr. Cook, insinuó el FBI, no son del todo altruistas.
Como consecuencia de las filtraciones informativas de Edward Snowden, Apple ha llegado a considerar la privacidad y la encriptación como potentes herramientas de “marketing”. Aunque pueda que mi posición no esté de moda pos-Snowden, tiendo a estar de acuerdo con el FBI en que la tensión natural entre la privacidad y la seguridad nacional “no debe ser resuelta por las compañías que venden cosas”.
Apple se ha separado de las demás compañías de tecnología — el Sr. Cook a menudo acusa al resto de recolectar y vender datos personales — pero en este tema ha obtenido el respaldo de la mayoría de las empresas de Silicon Valley. Facebook, Twitter y Microsoft también se han unido a Apple y Google en oponerse a una propuesta ley británica que codificaría el acceso del estado a los datos.
Por supuesto, es perfectamente adecuado y legítimo que el Sr. Cook impugne al FBI ante los tribunales de EEUU, y no existe nada que dicte que las compañías tecnológicas no deban cabildear, como cualquier otro negocio, en contra de las leyes que no les gustan. El Sr. Cook también tiene razón en cuanto a que existe una necesidad de tener un debate fundamental sobre el equilibrio adecuado entre la vida privada y la seguridad colectiva.
Como consecuencia de los ataques terroristas del 9/11, el péndulo de las decisiones probablemente osciló demasiado lejos en favor de las agencias del orden público y las de inteligencia. Al menos no había suficiente transparencia en cuanto hasta qué punto se habían adaptado los gobiernos a la era digital mediante el acceso a las comunicaciones personales y a los datos. Era necesario tener una supervisión más estricta.
Las revelaciones del Sr. Snowden ponen en peligro el equilibrio al impulsarlo demasiado lejos en la dirección opuesta. Aunque los libertarios civiles pudieran opinar lo contrario, el almacenamiento de metadatos no equivale a una vigilancia digital masiva. Lo que importa son las protecciones, la autoridad legal y las responsabilidades de reportar que eviten el mal uso de la información personal mientras que le permiten al Estado proteger a sus ciudadanos.
Mi conjetura es que no hay un equilibrio perfecto e, incluso si lo hubiera, la nueva tecnología probablemente lo superaría en muy corto tiempo. Las agencias de inteligencia siempre querrán tener demasiado acceso, mientras que los libertarios civiles — y hoy en día las empresas de tecnología — se mantendrán en el otro extremo.
El Sr. Cook parece pensar que Apple puede colocarse por encima de tal proceso democrático. Si pierde el argumento, encontrará una forma de evitar la ley. Pero Apple no está sola. Al escuchar a Google, Facebook y al resto de las compañías tecnológicas es evidente que han llegado a creerse su propia propaganda: como custodios del futuro digital su causa es más noble y debiera otorgarles inmunidad ante la intromisión de los tribunales o ante los juicios de los políticos electos.
El exagerado sentido de autoestima no se limita al ámbito de la privacidad. Éste también explica la indignación con la que las empresas reciben las demandas de pagar una porción de impuestos corporativos justa. Para el Sr. Cook, el gobierno estadounidense tiene la culpa de que Apple busque exenciones tributarias de decenas de miles de millones de dólares en paraísos fiscales extranjeros.
Google parece genuinamente sorprendida cuando los políticos británicos se indignan ante cómo la compañía traslada a Irlanda, con sus bajos impuestos, miles de millones de dólares en ganancias obtenidas en ventas en el Reino Unido.
Apple y los gigantes de la tecnología están en el negocio de ganar dinero. Tienen un punto de vista válido, al igual que todos los demás. Pero, no, Silicon Valley no habita en un ‘plano superior’, y las ganancias de Apple no debieran prevalecer sobre las opciones democráticas acerca de la seguridad.
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