añadiendo sombras a la ya de por si precaria subsistencia de miles de dominicanos y dominicanas.
Se trata de una crisis de imprevisibles consecuencias, que podría provocar un colapso en la vida nacional.
Se sabe que el río Yaque, por ejemplo, el principal del país, apenas transporta hoy tres metros cúbicos de agua por segundo, cuando lo habitual es que sean 37. A través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el gobierno se ha visto obligado a repartir 40,000 pacas de hierba para alimentar el ganado ubicado en la Región Sur, y evitar que siga muriendo de hambre.
La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) anunció la instalación de diez equipos de bombero en pozos de Santo Domingo Este para aliviar la notable escasez de agua que sufre la población. Son apenas, las señales más visibles de un drama amenazador.
En República Dominicana, el 82% del agua que se consume corresponde al sector agropecuario; el 14 % va al consumo directo de la población, y el 4% restante se utiliza en las industrias, la minería y el turismo.
Entidades como la Academia de Ciencias y la Sociedad Ecológica del Cibao ( SOECI) han emitido fuertes críticas hacia las explicaciones oficiales que se brindan acerca de las razones que pudiesen explicar la actual crisis.
“Si seguimos buscando la culpa en la sequía- se afirma en un comunicado emitido por la SOECI- nunca prestaremos atención al desastre y desorden que impera en nuestras zonas de captación de agua, la parte más sensible de nuestras cuencas hidrológicas…
La desforestación sigue avanzando y la erosión no se detiene”. Por su parte, la Academia de Ciencias acaba de protestar formalmente ante el gobierno por lo que considera su política “sin rumbo definido”, con respecto al medio ambiente y las áreas protegidas.
Casi todos los especialistas coinciden en que las causas de esta crisis hunden sus raíces en problemas de larga data, nunca resueltos, ni sistemáticamente encarados por las autoridades, entre ellos, la falta de una Ley de Aguas, de la que se viene hablando desde hace más de diez años; el deficiente uso del riego, lo que provoca manejo incorrecto del drenaje y la salinización de los suelos; el escaso o nulo control de vertidos sobre cuerpos de agua superficiales y subterráneos; la pobre calidad del servicio de agua potable por débil mantenimiento de las infraestructuras y limitada capacidad de medición y cobro; la insuficiente y no sistemática medición del ciclo hidrológico, así como de la cantidad y calidad del agua; la deforestación, el conuquismo, la producción ilegal de carbón y la extracción de madera; el uso irracional del líquido y la falta de conciencia ambiental en la población; el uso anárquico, muchas veces bajo concesiones irresponsables, de este recurso, en la industria y los servicios; la insuficiente construcción de presas y embalses; la casi nula protección de las cuencas altas de los ríos; la aplicación de políticas de reforestación desordenadas y fragmentadas; la falta de participación ciudadana en el manejo de los recursos hídricos nacionales, y un tratamiento inadecuado a las aguas residuales para evitar contaminaciones, entre otras.
Es obvio que, de los gobiernos que han dirigido al país en los últimos cincuenta años, de haber establecido y hecho cumplir un conjunto de medidas , para evitar o mitigar la situación por la que atravesamos, la sequía y otros efectos del cambio climático, aunque no hubiesen podido ser evitados, nos hubiesen encontrado en mejores condiciones de enfrentarlos.
La falta de una política sectorial coherente ha conducido a la imprevisión, la improvisación, la irresponsabilidad, con respecto al uso y protección de los recursos hídricos nacionales, y se constituye en la verdadera causa de las angustias e inseguridad que hoy todos padecemos.
El gobierno no está por encima de la naturaleza ni puede controlarla, pero es una urgente necesidad encarar los estragos de la actual sequía para auxiliar a la población y a los productores, a la vez, y sobre todo, para comenzar a atacar de manera permanente y sistemática, las profundas raíces de este problema.
En muchos de los barrios más poblados y vulnerables de las ciudades y campos del país, al sufrimiento cotidiano para poder acceder a la canasta básica de alimentos, o garantizar mínimos estándares de educación y salud para la familia, se une ahora el tener que allegar recursos para pagar por este líquido tan vital para su subsistencia.
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